Un juez solicitó este viernes el embargo precautorio de bienes de seis ex funcionarios de la Administración estatal anterior, incluyendo a Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador neolense duran te el periodo 2009 al 2015.
Mientras que por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores, la Contraloría General del Estado inhabilitó por 10 años a otros seis servidores públicos.
Lo anterior, como resultado de la “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición coordinada por la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León.
A través de un comunicado se informó que el embargo de bienes a los ex funcionarios, es resultado de las tareas iniciadas durante el proceso de entrega-recepción con motivo del cambio de Gobierno y está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León.
“No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios. Nos esforzamos que nos seamos instrumento de una campaña política, menos partidista, de ahí el significado de los diferentes casos que estamos presentando que son de varios partidos, de varias autoridades estatales y municipales”, dijo Ernesto Canales Santos, Subprocurador Anticorrupción.
Añadió que el actual Gobernador, Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, fue informado este mediodía del avance de la “Operación Tornado”, que responde de manera contundente y por la vía legal, a la exigencia de los nuevoleoneses de actuar en contra de la corrupción.
Además de Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León, los otros exfuncionarios a quienes se les solicitó el embargo precautorio fue a Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional; Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología; Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; y Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey.
Los funcionarios inhabilitados son: Rodolfo Gómez Acosta, que fuera Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado; Luis Marroquín Salazar, ex Secretario de Obras Públicas; Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico; Ramón Villagómez Guerrero, ex Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario; Juan Livas Cantú, el anterior Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus; y Víctor Martínez Trujillo, anterior Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.
La Contralora General, Nora Elia Cantú, dijo que además de la inhabilitación, a los cinco primeros funcionarios de la lista se les impuso una sanción resarcitoria de $210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron.
El primer caso implica de manera directa el ex Secretario de Desarrollo Económico y otros funcionarios cercanos, quienes suscribieron contratos por un monto de $4 millones 675 mil pesos, sin cumplir con los requisitos de Ley.
Además, se investigan ocho órdenes de compra y una de servicios, así como la simulación de una obra en el municipio de San Nicolás autorizada por su ex titular Víctor Martínez Trujillo, y la responsable de administración y finanzas, entre otros funcionarios, quienes actuarían en perjuicio del patrimonio del estado por un monto superior a los $9 millones de pesos.
Por otro lado, con motivo de una denuncia presentada el 1 de marzo de este año por el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, la Subprocuraduría estatal inició una investigación por el delito indebido del servicio público de funcionarios municipales de la administración 2012-2015, quienes se adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de $7 millones 75 mil 471 pesos, más IVA.
