Ante legisladores mexicanos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) indicó que la ampliación del catálogo de delitos graves, entre los que se contempla el robo de combustibles, pone en riesgo la consolidación del sistema penal acusatorio y aumentaría la población carcelaria. En su participación en la mesa 3 de la Audiencia Pública para la Prisión Preventiva Oficiosa y el Sistema de Justicia, Antonino de Leo, representante de la ONUDC, dijo que las reformas que se plantean para el artículo 19 constitucional son un retroceso en el avance de la disminución de la población carcelaria, que se ha reducido en 24 por ciento en los últimos tres años. El representante de la ONUDC, Antonino de Leo, agregó que la prisión preventiva, medida usada para delitos graves, lejos de extenderse debería eliminarse.
Concluimos que la prisión preventiva oficiosa es una figura que, lejos de extenderse, debería eliminarse y es por eso que la UNODC quisiera alentar al Congreso a considerar estas normas y reglas internacionales en el debate y brindar asistencia técnica y legislativa para adopción de medidas políticas públicas basadas en evidencia, buenas prácticas, con miras a lograr avances en la construcción de una justicia imparcial y eficaz”, destacó el representante de la Oficina.
Antonino de Leo explicó que de acuerdo con los estándares internacionales la prisión preventiva debe usarse de forma excepcional y sólo como recurso ultimo en casos de riesgo de fuga, obstaculización de la investigación o por la complejidad del caso. “De aprobarse el proyecto de forma para la ampliación de la prisión preventiva oficiosa que ahora se discute, se frenaría y revertiría la tendencia positiva registrada y se incrementaría el número de personas privadas de libertad, y por lo tanto se generaría un problema de hacinamiento carcelario en el país. Un problema que, repito, en este momento no tenemos”, remarcó el representante de la ONUDC. NR (Con información de Reforma y Milenio)
