Aunque ni el gobierno federal ni el de Tamaulipas han informado sobre el ataque armado del que se acusa a elementos de la Guardia Nacional en contra de una familia en Nuevo Laredo, que el domingo pasado dejó un saldo de tres personas muertas y tres más heridas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a las autoridades una investigación “independiente” y apegada a los estándares “más altos”.
“De acuerdo con la información recibida, las 5 personas (víctimas) circulaban en un vehículo y habrían recibido disparos desde otro vehículo que identifican como perteneciente a la Guardia Nacional y presuntamente ocupado por efectivos de dicha fuerza de seguridad”, señaló la oficina de la ONU-DH en México.
Para entender mejor: Acusan a GN de herir a cinco miembros de una familia en Nuevo Laredo
Sin embargo, con excepción del secretario de gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, quien ayer aseguró que tanto la FGR como la Fiscalía estatal estaban investigando los hechos ocurridos un día después de que el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz en Nuevo Laredo, en la que estuvo acompañado de los mandos militares y de la GN en la entidad. Ninguna otra autoridad ha dado a conocer información al respecto.
Esta mañana al dar a conocer el informe de seguridad y los “eventos relevantes” de los últimos 15 días, el gabinete de seguridad federal omitió, al igual que el presidente López Obrador, abordar el caso. No obstante, que en marzo Tamaulipas se ubicó entre las entidades con incrementos en el número de víctimas de delitos de alto impacto.
A pesar de tratarse del segundo hecho violento en menos de dos meses en el que se ven involucradas las fuerzas de seguridad como probables responsables en el mismo municipio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha respondido a las medidas cautelares solicitadas ayer por el Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo para que la Sedena garantice la protección de los ciudadanos con “el menor uso de la fuerza” contra la población civil.
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