La desaparición forzada de personas en México se ha convertido en el paradigma del “crimen perfecto”, debido a que la “casi absoluta” impunidad y la revictimización mantienen en un punto crítico el fenómeno de las desapariciones en las que tanto, la delincuencia organizada, como los funcionarios públicos, son los principales perpetradores.
Al dar a conocer su informe sobre la visita a nuestro país que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) realizó entre el 15 y el 26 de noviembre del año pasado, el organismo urgió al Estado mexicano atender cuanto antes la “alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas”.
Y es que uno de los aspectos más relevantes dentro del informe que incluye un total de 85 recomendaciones, se encuentra el reforzamiento en el combate a los niveles de impunidad que persiste en los casos de desapariciones en el país, al grado de que el Comité señala a la impunidad, un fenómeno que a decir del presidente López Obrador se ha erradicado con su llegada el gobierno, como un “rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.
Considerado que de las más de 95 mil personas desaparecidas registradas hasta el último día de la visita del CED 826 de noviembre de 2021) y el incremento en 98% que estos casos tuvieron entre 2006 y 2021, aunado al hecho de que sólo entre el 2 y 6 por ciento de los casos de desapariciones han llegado a tribunales y en total el número de sentencias en todo el país es de 36, el Comité reiteró: “la lucha contra la impunidad de las desapariciones en México es, por tanto, impostergable”.
En ese sentido, el informe advierte que uno de los patrones detectados a partir de la información que las propias autoridades y gobierno les proporcionaron resulta el hecho de que aunado a que las desapariciones forzadas siguen cometiéndolas “directamente por agentes públicos” (funcionarios) del ámbito federal, estatal y municipal, la delincuencia organizada es también un “perpetrador central” de estas desapariciones, entre las cuales se incluyen los casos de al menos 30 periodistas desaparecidos entre 2003 y 2021. Por lo que la responsabilidad de este tipo de crímenes es compartida entre los servidores públicos y los grupos criminales.
Ante tal panorama de adversidades, en las que también se hace énfasis en la “crisis forense” y los más de 52 mil personas fallecidas que a la fecha se mantiene como no identificadas en fosas comunes, el Comité llamó al gobierno mexicano a eliminar los obstáculos en materia de persecución penal, y priorice la atención en las desapariciones de personas migrantes, en el marco de la implementación de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
En respuesta, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores emitieron un comunicado en el que se informó que “los esfuerzos para trabajar en una estrategia” enfocada a atender las recomendaciones del CED recaerían en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez.
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