Los recientes asesinatos de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, en Puebla, y del líder campesino y defensor Humberto Valdovinos Fuentes, en Oaxaca, incrementó la alarma y rechazo a la violencia en el país. Un botón de muestra es el posicionamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México, la cual condenó ambos crímenes y pidió su esclarecimiento.
La organización aseveró que estos dos casos son “nuevos ejemplos de la violencia de quienes intentan silenciar” a las personas que se dedican al activismo, a defender causas sociales, a combatir contra “el racismo” y la “violencia de género”, así como a defender a las personas y comunidades que padecen discriminación.
Ante esta situación, la ONU-DH pidió a las autoridades de Puebla y Oaxaca agotar todas las líneas de investigación para poder esclarecer los hechos, que se conozca al móvil así como a los autores materiales e intelectuales de ambos crímenes.
Además, se exhortó a “todas las entidades estatales concernidas” para que en conjunto se dé un mensaje en contra del “ciclo de impunidad” que rodea este tipo de casos, al cual, se resaltó, “es posible poner fin”.
En este sentido, también se hizo un llamado al reconocimiento de la labor de los activistas y defensores de los derechos humanos como Cecilia Monzón y Humberto Valdovinos por arte de “todos los actores de la sociedad”.
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En ambos casos se resaltó la labor social de ambos activistas, quienes tenían años actuando en defensa de distintas causas sociales. Y se hizo mención aparte a las amenazas que la abogada feminista había recibido desde hace años. Mientras que en el caso del defensor oaxaqueño, es necesario acotar que tras su asesinato la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), de la cual formaba parte, aseguró que desde su fundación (hace 30 años) sus integrantes han sido objeto de amenazas e intimidaciones.
Por otro lado, la ONU-DH se solidarizó con la familia de ambos activistas, a las cuales les envió sus “más sinceras condolencias”.
Hay que señalar que la abogada y activista fue ultimada el sábado pasado en San Andrés Cholula, mientras que, dos días más tarde, el líder campesino y defensor fue asesinado en Pinotepa Nacional. GA
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