La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hace un llamado a las autoridades para que investigue el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas armadas durante los hechos ocurridos el 3 de julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Mediante un comunicado, el organismo refiere un video en el que se pude observar a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haciendo uso de la fuerza letal durante una persecución en la que 12 civiles perdieron la vida, “entre los que se encontrarían al menos tres víctimas de secuestro”.
“Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de Sedena son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos. Estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo establecen la Constitución mexicana y los principios internacionales.”, dice el comunicado.
ONU-DH señala que la investigación pronta y efectiva de estos hechos puede romper con prácticas que en el pasado obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares.
El organismo pide a la Fiscalía General de la República (FGR) conducir la investigación del caso en apego a los estándares internacionales, de tal manera que se esclarezcan totalmente los hechos.
“En el caso de Nuevo Laredo, es importante que se investigue el uso de la fuerza letal por parte de los elementos de Sedena, para determinar si ésta fue justificada y, de ser así, si su actuación se apegó a los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego.”, agrega.
Finalmente, “la ONU-DH reitera su compromiso para seguir brindando su asesoría y cooperación al Estado mexicano para la efectiva incorporación a los procesos de investigación de los estándares internacionales relevantes en la materia, así como en relación a las reformas institucionales necesarias para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos en México.”
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