Los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador tienen una coincidencia que ha sido condenada hoy por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH): el uso de Pegasus. Y es que en los últimos tres sexenios las autoridades federales han empleado dicho programa de espionaje, lo cual fue evidenciado también por el hackeo realizado a la Sedena por parte del grupo Guacamaya.
Se trata de violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa, advirtió la ONU-DH ante los recintos señalamientos que apuntan a Palacio Nacional sobre “vigilancia ilícita” en contra de dos periodistas y un defensor de los derechos humanos del país.
Guillermo Fernández Maldonado, Representante de dicha área de las Naciones Unidas en nuestro país, aseveró que “estas prácticas son actos graves de intrusión (…) socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado”. Además, resaltó que esto trae consigo un “efecto intimidatorio” que refleja “intolerancia gubernamental a la crítica”.
Ante estos casos que se denunciaron recientemente, en los cuales están involucrados el periodista Ricardo Raphael y un reportero del medio Animal Político, así como el defensor Raymundo Ramos, la ONU-DH pidió al Estado mexicano “acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares”.
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Aunado a las denuncias de estos tres personajes, el grupo de hacktivistas Guacamaya reveló información sobre vigilancia que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha realizado en los últimos años. Por ejemplo, se ventiló el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual ha recibido un “seguimiento” por parte de la dependencia en los últimos siete años.
La ONU-DH acotó que, sin importar la forma en la que se tuvo conocimiento de este espionaje, al cual el actual gobierno federal se refirió como “inteligencia”, el Estado mexicano debe detener este tipo de acciones, las cuales representan una “injerencia arbitraria”.
Esto, se añadió, va en contra de acuerdos y compromisos internacionales que México se comprometió a respetar al firmar los documentos de suscripción, alertó el representante de las Naciones Unidas, quien apuntó que tanto autoridades civiles como militares han incurrido en estas irregularidades. Se tiene que respetar la pluralidad y en aras de una democracia que rija la vida de la sociedad mexicana, sostuvo.
Hay que recordar que el presidente López Obrador minimizó las denuncias de espionaje y aseguró que “no hay elementos” para comprobar tales señalamientos. Mientras que la Sedena se posicionó y justificó la contratación y uso de Pegasus de las dos pasadas administraciones al argumentar que se trató de acciones en pro de la seguridad nacional.
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