La iniciativa que transfirió la Guarda Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la que pretende extender el apoyo militar en labores de seguridad pública han generado cuestionamientos en contra del presidente López Obrador y su gobierno. Uno de los últimos en sumarse es el de la ONU, la cual alertó sobre esta situación y subrayó la inconstitucionalidad de ambas propuestas.
Fueron los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica, así como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, quienes se pronunciaron al respecto.
Dichos representantes de Naciones Unidas emitieron su posicionamiento, en el cual resaltaron que con el paso de la Guardia Nacional a la Sedena se le dieron a esta dependencia facultades que antes tenía la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ahora, será responsabilidad de la secretaría a cargo de Luis Cresencio Sandoval organizar, dirigir y supervisar el desempeño de la Guardia Nacional, así como encargarse de sus programas operativos, políticas, estrategias y acciones, además de capacitar a sus elementos y establecer cuáles serán los lugares donde tendrá presencia en el país.
De esta forma, añadieron los relatores y el Grupo de Trabajo se mengua la influencia de la SSPC en las labores de seguridad pública del país. Al respecto, se enfatizó que con estos cambios se va en detrimento de la única dependencia de seguridad a nivel federal con mando civil.
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Por otro lado, sobre la iniciativa que se encuentra en el Senado, con la cual se busca extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles la ONU aseveró que también se trata de una acción anticonstitucional. En este sentido, se cuestionó la rapidez con la cual la propuesta fue avalada en la Cámara de Diputados.
Y es que la iniciativa, presentada por una legisladora del PRI, pero elaborada por el presidente López Obrador, pretende que sea hasta 2028 que exista apoyo militar en labores de seguridad pública. Los relatores y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas condenaron que se usen como argumentos, para justificarse, la falta de elementos policiales de carácter civil que esté capacitado, sea confiable e íntegro, y que se diga que el personal militar sea menos “vulnerable a la corrupción”.
Ante esta situación, la ONU exhortó al Estado mexicano a no permitir el reforzamiento de la militarización mediante la aprobación de este tipo de iniciativas. Y se dejó de manifiesta la intención de colaborar con la intención de garantizar la procuración de los derechos humanos en el país. GA
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