Organizaciones civiles sostuvieron una conferencia para exigir justicia en el caso de Tadeo, un bebé de tres meses cuyo cuerpo fue exhumado de un panteón en la Ciudad de México y que apareció en el contenedor de un penal en Puebla hace dos semanas, así como para regular las condiciones para los infantes dentro de las cárceles del país.
La organización civil Reinserta denunció esta mañana que el Centro de Prevención y Readaptación Social San Miguel de Puebla, en donde se encontró el cuerpo de Tadeo, acumula siete meses sin alguien que ocupe el cargo de director, luego de que el encargado anterior fuera encarcelado por hechos de corrupción.
“El caso de Tadeo nos está mostrando que ya no podemos voltear a otro lado, nos enseña lo que pasa en las cárceles, hasta donde puede escalar y nos muestra una realidad que siempre queremos evitar” aseguró Paola Zavala, abogada de la asociación Ocupa.
Juan Martín Pérez, director de la asociación Tejiendo Redes Infancia, aseguró que “la descomposición del sistema penitenciario no es un tema de ayer”, y lamentó que desde el hallazgo del cuerpo de Tadeo ninguna autoridad, de Puebla o la Ciudad de México, haya asumido alguna responsabilidad para hacer una investigación eficiente.
Para Saskia Niño de Rivera, directora general de Reinserta, el caso de Tadeo “representa el de cientos de niños que sufren violencia en México”. Además agregó que “no existen protocolos en las cárceles para proteger a los menores que van de visita o a los que, por derecho, viven dentro de estos centros de reclusión.
Durante esta conferencia también se presentó una carta firmada por más de 60 organizaciones para que Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, aclare puntualmente a qué se refería cuando declaró que “los periodistas y defensores de derechos humanos que cubrían el caso de Tadeo lo hacían con ánimo de desgastar” y “que tengan cuidado también en el desempeño de la noble profesión del periodismo”.
Niño de Rivera, quien ha sido la principal activista dentro de este caso, no descartó solicitar medidas de protección ante las palabras del gobernador de Puebla, un estado que según el director regional de artículo 19, Leopoldo Maldonado, se encuentra en el “ojo del huracán por la intolerancia que prodiga Barbosa”.
Por otra parte, esta tarde la Fiscalía de Puebla detuvo a 19 funcionarios del penal de San Miguel que tuvieron diferentes grados de participación en este delito.
