Una investigación realizada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) reveló la presencia de una red de violencia extrema y abusos sexuales ejercidos en contra de decenas de niños de al menos 18 preescolares en siete estados del país.
La investigación retoma el primer caso identificado en 2008, cuando una niña de cinco años de la Ciudad de México denunció el abuso que sufrió por personal del kínder en el que estudiaba.
Después de un largo acompañamiento emocional, la niña de cinco años contó cómo la sacaron y a otros de sus compañeros del preescolar privado en el que estudiaban para ser llevados a otro lugar en el que al menos seis adultos participaron en el abuso.
“La niña dice que fue sacada de la escuela en un coche y trasladada junto con otros compañeros a una casa en la que había adultos extraños. Describe eventos de sedación y en una ocasión por lo menos refiere la presencia de bebés como víctimas del abuso”, refiere el estudio, “Es un secreto”: La explotación sexual infantil en escuelas.
El informe refiere que las víctimas tenían entre tres y siete años; estudiaban en preescolares públicos y privados; se identificó a sus agresores como directivos, personal administrativos, intendentes y maestros, en colegios de la Ciudad de México, Jalisco, estado de México, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca.
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Tras ese primer caso, los padres de familia del kínder Laura Elena Arce Cavazos contactaron a la ODI para denunciar una serie de denuncias por abuso sexual.
En colaboración con la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de México, las investigaciones apuntaron a seis profesores señalados directamente por los estudiantes como sus agresores.
“Casi el total de víctimas describe agresiones que toman lugar en contra de grupos de niños y niñas. Refieren agresiones inusuales y violentas. Describen ser victimados en diversos espacios de la escuela. Refieren agresiones sexuales, sangrar durante las agresiones, recibir golpes y presenciar actos sexuales entre adultos”.
Más de 35 niños denunciaron tocamientos; 11 describieron actos de violación equiparada; ocho señalaron haber recibido agresiones físicas; a tres los obligaron a presenciar relaciones sexuales entre adultos; siete denunciaron sufrir abusos frente a todo el grupo, y otros 17 denunciaron a un profesor por exhibirse en el salón de clases.
La OID señaló que aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) tiene en sus manos todos los archivos de la investigación, cada caso se está atendiendo por separado, excluyendo la hipótesis de una red de abuso y tráfico sexual infantil.
Ante la propuesta de investigar el caso como una red de abusos, la FGR negó a los denunciantes acceso a las otras carpetas de investigación, bajo el argumento de que “ninguna era víctima material de los hechos denunciados”.
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Una investigación más amplia “obligaría al análisis integral de lo que refiere cada niño y niña para en su conjunto tratar de entender qué sucedía en la escuela y no solo lo que le sucedió a “x” o “y” niño en un día particular”.
La ODI también señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no notifica de todos los abusos a las autoridades correspondientes, lo que impide conocer el total de casos y que el nivel de impunidad incremente.
De tener la información suficiente, las investigaciones podrían evidenciar un patrón que se repite entre el personal de una escuela a otra, y determinar si las “coincidencias aisladas”, son en realidad un elemento común de planeación o ejecución. EJ
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