A muchos escandalizó que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dijera que el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz fuera un crimen de Estado, y que si no se resuelve “va a ser una derrota para el Estado mexicano”.
Es cierto, atacar a un representante del Estado en ejercicio de su trabajo como tal, es pretender intimidar o frenar a una institución, en este caso de uno de los Poderes de la Unión. Si a Villegas Ortiz lo mataron por su trabajo es un crimen de Estado y es urgente resolverlo por parte de la Fiscalía General de la República. Decir lo contrario no sólo es mezquino sino denota una gran ignorancia sobre la institucionalidad de una nación.
Pero aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se queda atrás en la urgente necesidad de dar un giro sobre la seguridad de jueces y magistrados. Enderezar decisiones equivocadas de la gestión anterior.
Por ejemplo, por alguna razón que nadie supo explicar, en los últimos meses de la gestión del ministro presidente Luis María Aguilar se eliminó una compensación por seguridad para jueces y magistrados que tuvieran escolta. Eso incluía un pago mensual de ocho mil pesos para los primeros y 10 mil pesos para los segundos. ¿Por qué debía existir?, porque de allí salía el pago de gasolina para la camioneta blindada y los vehículos de la escolta. Testimonios de funcionarios judiciales con esa protección aseguran que semanalmente se gastan en combustible de entre mil 700 a dos mil 500 pesos. Este martes el Consejo de la Judicatura reconsideró esta decisión del pasado y retomó ese bono. Pero falta más, mucho más.
Tras la muerte del juez Villegas Ortiz ocurrió algo natural, volvió el miedo en aquellos titulares de juzgados y tribunales que han emitido resoluciones contra integrantes del crimen organizado o políticos que los han amenazado. Algunos de ellos continúan con seguridad, pero otros no. Las razones para los que no tienen escolta van desde que se las quitaron en la administración pasada o los cambiaron de adscripción y ya no se las dieron o al quitarles el bono resultaba demasiado oneroso mantener ellos mismos el pago de la gasolina y a veces la comida de los agentes.
Más de una veintena de funcionarios judiciales de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas consultados también advirtieron que los análisis de riesgo que se realizan son limitados y poco claros.
Es verdad que si solicitan seguridad se las otorgan casi de inmediato, después tienen que cubrir los requisitos administrativos. Primero llenar un formulario de 12 páginas en el que se les pide detallar el tipo de amenazas o ataques recibidos, las posibles razones, las resoluciones judiciales o administrativos que podrían ser la causa, deben incluir la denuncia que pusieron ante el Ministerio Público o algún órgano administrativo, la seguridad que tengan en su casa, los casos que se tienen en trámite y que pueden colocarlos en riesgo, si considera que ya han estado bajo vigilancia para atacarlos, y decenas de preguntas más.
El siguiente paso es que un funcionario de la dirección de Seguridad platique con el juez o magistrado, y después de una investigación (que las víctimas consultadas desconocen) se define su nivel de riesgo o no, las medidas que se adoptarán o no, y si enfrentan algún riesgo debe evaluarse cada tres meses.
Al conversar con jueces y magistrados no todos estuvieron dispuestos a decir su nombre, pero un grupo me hizo llegar una lista de quienes tenían escolta y ya no la tienen, y se sienten en riesgo, de cada uno de ellos contaré su historia la próxima semana, por lo pronto van sus nombres ante la urgencia de seguridad: los magistrados Juan Contreras Navarro, Adalid Ambriz Landa, Víctor Manuel Méndez Cortés, Olga Ojeda Arellano, Oscar Espinoza Durán, Angélica Marina Díaz Pérez, José Nieves Luna Castro y Rubén Sánchez Valencia. Además los jueces Guillermina Matías Garduño, Samuel Sánchez Sánchez, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Oscar García Vega, Breyman Labastida Martínez, Eutimio Ordóñez Gutiérrez y Roberto Roldán Olvera.
El ministro Zaldívar ha insistido que es una prioridad la seguridad de sus compañeros. Afinar los mecanismos que ahora existen para prevenir o disminuir su exposición al riesgo es indispensable, y ya no puede ser que sea elección del funcionario judicial si tiene o no seguridad, como ocurrió con el juez Uriel Villegas que renunció a la escolta, es una obligación impedir más ataques..
