Dos semanas de vacaciones en este diciembre podrían modificar el rumbo del conflicto al interior del CIDE, han dicho algunos funcionarios al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La apuesta sería, en ese escenario, que las vacaciones menguaran el movimiento que han encabezado estudiantes, apoyados por la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económica, y al mismo tiempo que la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, recupere un poco de capacidad para resolver la inconformidad que pueda quedar.
Este cálculo, porque no es un análisis documentado, que se ha platicado en Palacio Nacional, está demasiado lejos de la realidad.
La mala noticia para el presidente es que el conflicto no se desvanecerá y, por el contrario, podría fortalecerse, sin que exista desde el gobierno federal un personaje o grupo capaz de resolverlo. Y, peor aún, extenderse y crecer en los primeros meses del próximo año.
La preocupación por lo que ocurre en el CIDE alimentó de manera sustancial los temores de la comunidad universitaria de diferentes puntos del país. Miedos que desde antes se han venido nutriendo de otras acciones u omisiones, como la disminución de recursos al sector educativo y de ciencia, la falta de puentes desde el gobierno federal para el diálogo que sirva para atender diferentes problemáticas del sector, las mentiras desde el Conacyt, los ataques en las mañaneras a la UNAM, la permisibilidad o tolerancia de los embates a la UDLAP, la intención de desaparecer el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y ahora la mala operación que llevó al conflicto del Centro (o la intención de crear el conflicto).
Estas preocupaciones han llevado a que se hayan iniciado algunos acercamientos, informales, entre diferentes universidades e institutos para analizar lo que ocurre en el CIDE y los escenarios que pueden presentarse a corto y mediano plazo.
La principal duda es si el presidente está realmente bien informado, no sólo de la crisis que el Conacyt ha propiciado en el CIDE, sino las tareas y trabajos que realmente se llevan a cabo dentro la institución, una de las más reconocidas internacionalmente.
A la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encontraron bastantes irregularidades y abusos en la operación de programas, de centros y e instituciones vinculadas a la educación superior.
Este gobierno nunca supo explicarlos a detalle, poner en evidencia cómo algunos sectores, empresas, personajes y grupos se habían beneficiado de forma ilegal o inmoral. Tampoco presentaron todos los expedientes para sanciones administrativas ni todas las denuncias penales que debían en los casos de posibles desvíos de recursos. Y aunque ha habido algunos cambios internos, no han sido suficientes ni se ha transformado del todo los procesos; por el contrario, son más los casos en que sólo se ha debilitado la institución. La razón, en tres años las autoridades encargadas de la transformación no hicieron un diagnóstico integral sobre estas instituciones, para conocer a fondo qué ocurría y cómo; los errores, fallas, debilidades y fortalezas; tampoco se han tendido puentes para que las instituciones, con apoyo, se lancen a un cambio real en lo que se necesite cambiar.
Más bien ha sido un uso político de estos casos, declaraciones y acusaciones en las mañaneras, revanchas, y hasta se ha tolerado a algunos “amigos” de la Cuarta Transformación beneficiarse.
Tal parece que los analistas del presidente no le han informado bien sobre lo que mueve el conflicto en el CIDE y cómo éste puede crecer, si los operadores de su gobierno siguen incurriendo en errores, actuando con mentiras y cometiendo agravios como hasta ahora. López Obrador debería saber que sus funcionarios no han hecho los cambios que se prometieron, y que la educación superior es una conquista absolutamente social, que muchos, desde diferentes espacios y regiones, están dispuestos a defender de estos embates, lo que podría unificar un movimiento en contra de su administración.
