La respuesta tajante y evasiva del presidente Andrés Manuel López Obrador fue: “no tengo información sobre eso”. Y de inmediato cambió el tema en esa mañana del pasado martes 4 de febrero.
La pregunta no se refería a un hecho cualquiera, era sobre la boda de Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija del líder del Cártel del Pacífico (que tradicionalmente llaman Sinaloa), Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
La boda, por muchos ya sabido, se celebró el sábado 25 de enero. El evento no sólo llama la atención porque los novios alquilaron la catedral de Culiacán, Sinaloa, para casarse a plena luz del día y a donde llegaron decenas de invitados, la mayoría en autos de lujo y muchos de ellos blindados. La fiesta se extendió al salón Álamo Grande, también muy conocido y donde cantaron Julión Álvarez y la banda Calibre 50.
Algo sumamente importante es que nunca en la historia del narcotráfico mexicano se había hecho una fiesta de esa magnitud, en un espacio tan público y con esa visibilidad de una familia ligada directamente con personas acusadas de tráfico de drogas y que, en su mayoría, son personajes de interés para las autoridades de Estados Unidos.
Es un hecho sin precedentes. Todas las celebraciones, incluso en aquellas épocas de oro del narcotráfico, que gozaba de enorme protección institucional, con los hermanos Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo, se había dado con gran suntuosidad y a ellas acudían políticos y empresarios, pero con discreción.
Esta vez no fue así y la pareja de novios son objetivos prioritarios estadounidenses, y por sus vínculos deberían ser personajes de interés para México. Guzmán Salazar es la primogénita de Guzmán Loera, hija del primer matrimonio del capo con Alejandrina Salazar Hernández, y a quien los documentos de la Corte Federal de Estados Unidos (de los cuales anunció el año pasado la Fiscalía General de la República pediría copia), es una de las personas que manejan el dinero de la familia y desde 2012 el Departamento del Tesoro estadounidense la identificó como quien asiste a Guzmán Loera en las operaciones de tráfico de drogas.
Alejandrina Giselle Salazar, quien es médico y ahora posee la marca de ropa con los apodos de
su padre El Chapo y El 701, se casó con Édgar Cázares, hijo a su vez de Margarita Cázares Salazar, señalada por el Departamento del Tesoro desde 2007 como lavadora de dinero del Cártel del Pacífico y vinculada con Guzmán Loera e Ismael Zambada García, El Mayo. Incluso la entonces PGR la vinculó con el Cártel del Norte del Valle.
El tío de Édgar Cázares es Víctor Emilio Cázares Salazar, detenido en 2012 y procesado en San Diego por delitos contra la salud y lavado de dinero, identificado en ese expediente como líder de una de las más importantes células dedicadas al blanqueo de dinero del cártel. Los expedientes de la Procuraduría prácticamente vinculan a tíos y primos del ahora esposo de Alejandrina Salazar.
Las crónicas y notas periodísticas aparecidas después de difundirse la boda hablan de la posibilidad de que en la fiesta de ese sábado 25 de enero se encontraran los hermanos y medios hermanos de Guzmán Salazar, lo mismo que su suegra, cuñadas, tíos y tías. Eso sería especular, como ocurre en muchos libros y series que se han escrito sobre el cártel, con demasiados errores.
Lo cierto es que quienes sí se enteraron del festejo fueron las agencias de Estados Unidos y eso metió en mayores problemas de confianza a México, especialmente a Alfonso Durazo, porque a diferencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los funcionarios estadounidenses sí dieron seguimiento a la planificación y desarrollo del festejo, incluso de los funcionarios amigos que ayudaron y miembros de la iglesia.
Es más, Julión, que apareció como objetivo del Departamento del Tesoro, será muy difícil que lo saquen de la lista y hasta podrían acusarlo en los tribunales por recibir dinero de las drogas.
Durazo no estaba enterado ni antes ni inmediatamente. No le avisó al Presidente. Y el Ejército y la Marina, que ya no le tienen confianza después del llamado Culiacanzo, tampoco le compartieron información.
Está tan apartado de las tareas medulares de la seguridad que es sólo el rostro civil, una especie de adorno. Apenas este martes 4 de febrero se publicó un acuerdo en el Diario Oficial para transferirle a la Guardia Nacional que está bajo el mando militar del general Luis Rodríguez Bucio, toda las operaciones administrativas, con el argumento de “procurar la mejor organización del trabajo administrativo, agilizar la operación y el despacho de los asuntos competencia de esta secretaría y de la Guardia Nacional”.
Aunque el argumento pudiera ser que los novios no están involucrados en operaciones criminales, las áreas de inteligencia e investigación no pueden renunciar, como lo hicieron, a hacer su tarea.
