En el gobierno federal se reavivó la idea de los intentos desestabilizadores por parte de distintos poderes nacionales y extranjeros. Este fantasma se despertó con gran impulso en los pasillos de Palacio Nacional tras el ataque cibernético llamado GuacamayaLeaks.
Las voces cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyen ese robo cibernético a grupos ligados con “fuerzas estadounidenses”, con brazos que se extienden en agencias de seguridad. Una idea que incluye a miembros de las Fuerzas Armadas.
Esto no resultaría tan interesante si no fuera creciendo esa idea y generando convicción en varios integrantes del gabinete.
Tanto se ha extendido, que se ha comentado desde México con gobiernos amigos de Latinoamérica (que también vieron hackeadas parte de las fortalezas militares digitales), que el origen de estos ataques son las presiones de una derecha con impulso estadounidense.
Integrantes del gobierno mexicano, de nuevo, están metiendo en ese mismo costal de la intervención a varias organizaciones de la sociedad civil.
Y aunque esta visión suene a viejo, el crecimiento de los temores internos son nuevos. Ahora el contexto es muy distinto.
Le quedan dos años al gobierno lopezobradorista, los errores pueden ser muy costosos, pero los intentos de intervención desestabilizadora demasiado peligrosa. Y hay una pelea por el poder para 2024, para conseguir curules federales y locales, lo mismo que espacios políticos estatales.
Aunque pudieran ser una realidad estos esfuerzos desestabilizadores de grupos o agencias externas, la realidad es que no se ha hecho un trabajo de análisis e inteligencia serio y profundo, para ubicar los posibles orígenes, rutas y objetivos.
Ninguna de las oficinas de seguridad ha llevado a cabo un trabajo de esta envergadura, así que esas ideas sólo quedan en especulaciones y escenarios hipotéticos.
Sin embargo, a pesar de no tener bases concretas, el gobierno está tomando decisiones a través de ese visor. Confía menos y se cierra más.
Adicionalmente, los morenistas no tienen una estrategia ni mucho menos un frente común real, más bien una suma de segmentos de intereses, por lo que su accionar para la gobernabilidad sólo pasa por medidas peligrosas; como cambios legislativos que le dé más poder y control al Ejecutivo federal, y reste fuerza a otras instituciones y poderes constitucionales que no pueda supeditar.
Es cierto que el hackeo a gobiernos han sido utilizados por Estados Unidos, por China y Rusia, y otros más, para alimentar sus intereses geoestratégicos, a través de muchos métodos. En este caso, el #GuacamayaLeaks, sea una acción civil o no, es una muestra contundente de que pueden vulnerar a la institución más poderosa de la administración del presidente López Obrador.
Pero las razones o motivos detrás, para desnudar la información del Ejército, es algo que se debe reflexionar: ¿Un acto de auténtica protesta, una acción ciudadana y de transparencia?; ¿un mensaje político o de élites?, ¿un hecho totalmente criminal?, ¿una intentona desestabilizadora?
Las consecuencias son muchas, una de ellas es que esos materiales hackeados, a partir de un análisis serio y amplio, permitan a los ciudadanos comprender una parte sustancial de lo que ha sido la operación real de esta administración.
