Es cierto, no sorprende que contra Rosario Robles se haya iniciado un proceso, porque el nuevo sistema penal sólo requiere que la Fiscalía muestre que existe la probabilidad de que se cometió un delito, y si la defensa no logra demostrar que se violaron sus derechos en la investigación o pone en duda la comisión del ilícito, entonces se abre el proceso y eso es lo que ocurrió.
Al revisar los reportes de la audiencia, queda en evidencia que los únicos que diseñaron un litigio estratégico fueron los fiscales; la defensa, por el contrario, erró tanto que no sólo fue incapaz de impedir que su cliente fuera a prisión, sino prácticamente hubo un reconocimiento tácito de que no actuó de manera eficaz ante el daño que se estaba causando al erario con contrataciones irregulares, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía.
Robles no debería estar en prisión. El no ponderar por parte del juez el principio pro homine (interpretación de la ley a favor de la persona) y la presunción de inocencia que la Corte ha defendido en todas sus tesis sienta un mal precedente en el ámbito jurisdiccional; máxime cuando la exsecretaria se presentó a declarar, demostró vivir en una casa desde hace más de 20 años y tener sus cuentas congeladas, por lo que carece de recursos para huir. Pero esto no sólo fue responsabilidad del juzgador, quien atendió la petición de los fiscales; contribuyeron en mucho los abogados que no prepararon los argumentos para impedirlo, cuidando todos los detalles, como corregir la diferencia de domicilios y ofrecer testigos contundentes de su arraigo.
Por primera vez pudimos ver que la Fiscalía General de la República trabaja directamente con los abogados de la Auditoría Superior de la Federación, dependencia que había siempre dejado a su suerte las denuncias que presentaba ante la desaparecida Procuraduría General de la República. Pero no sólo eso, los ministerio públicos que participaron en la audiencia tienen experiencia y se han especializado no sólo en el litigio, sino en la academia, dos de ellos tienen posgrados, y forman parte del equipo que revisa no sólo el caso de Rosario Robles, sino de otros posibles expedientes de corrupción de la pasada administración.
Muestra de su estrategia, por ejemplo, al no solicitar los fiscales una medida cautelar contra Rosario Robles desde la primera audiencia, los defensores de la exfuncionaria debieron encender los focos rojos. Los litigantes más avezados saben que eso es el preludio de pedir prisión preventiva justificada. Pero no lo hicieron.
La médula del discurso de los fiscales se centró en que Robles no evitó el delito, y cuando lo hizo no fue de manera acelerada y, en su caso, fue por observaciones de la Auditoría Superior, a pesar de tener conocimiento previo y posterior de lo que ocurría, de acuerdo a los testimonios en su contra.
La defensa no fue meticulosa en cuestionar el dicho y documentos de los testigos. Al contrario, los litigantes cayeron en el juego de los fiscales. Los abogados se prepararon en debatir más sobre que Robles sí informó, pero no combatieron a fondo las acusaciones directas de que no actuó de inmediato para impedir que los contratos irregulares se continuaran firmando en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ni siquiera sembraron la duda.
La buena noticia para Rosario Robles es que las pruebas que hasta ahora existen en el expediente no alcanzan para sentenciarla, si tiene una muy buena defensa. Lo malo es que llegarán más acusaciones que podrían mantenerla en prisión no dos meses, sino varios más. El secreto será resistir y demostrar que actuó de forma contundente.
Llevarla a prisión, con toda la carga política que sin duda el caso implica, también tiene una intención estratégica para la Fiscalía. Desde provocar que cometan errores ella, sus excolaboradores y hasta su propia familia en el movimiento de recursos que los fiscales consideran que tiene escondidos; incluso que personajes que pueden estar involucrados en esos y otros delitos similares, también cometan errores, y por qué no, que los errores lleven hasta la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray y del expresidente Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía General de la República continúa en la caza de otros responsables en Sedesol y Sedatu, por lo menos cuatro excolaboradores de Robles; pero también en otras dependencias y gobiernos locales. La prisión a Rosario Robles es un mensaje que tiene muchos destinatarios, porque una operación limpieza está en marcha y el fiscal Alejandro Gertz Manero ha enviado el mensaje a su equipo de investigaciones especiales, que en los casos emblemáticos le recordarán por ser implacable, y así recuperará la confianza en la Fiscalía.
