El lunes, de forma inmediata, deberá dejar la prisión la señora Alejandra Cuevas, y su madre Laura ya no tendrá miedo de salir, porque no existirá una orden de aprehensión en su contra, impulsada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, su cuñado.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena adelanta esta liberación, y de confirmarse los votos de sus compañeros, al término de la sesión una llamada telefónica desde la Corte llegará a la juez Marcela Ángeles Arrieta y a las autoridades penitenciarias, para notificarles, lo mismo que un oficio urgente, que ordena que liberen de inmediato a Cuevas y que quede sin efectos una orden de aprehensión que jamás debió existir.
Este caso pondrá a prueba la independencia de cada uno de las y los 11 ministros de la Corte, en sus argumentos y votación, se medirá el calibre de cada uno. La semana pasada ya nos dio un adelanto.
Después de tantos años de buscar justicia y que le fuera negada, según la versión de Gertz Manero, resulta que juzgados, tribunales, y ahora la Corte, siempre tuvieron la razón, que no hay pruebas de que se cometió un delito, y menos un homicidio. Y que el ahora el fiscal general de la República, su subprocurador Juan Ramos López, la juez Marcela Ángeles Arrieta, estaban total y el funcionario ministerial, de la Fiscalía de la Ciudad de México que consignó, estaban absolutamente equivocados, pero adicionalmente, sostiene el proyecto, es desproporcionado y partió de una lógica inválida.
El punto central es que todos esos personajes equivocados son encargados de procurar y/o administrar justicia en la capital del país, y en su caso a nivel federal, en beneficio de los ciudadanos. Pero este caso pone en evidencia que la fiscalía de la Ciudad de México fue capaz de inventar un delito, la juez de avalarlo y dejar de analizar pruebas que desmentían el ilícito y violó flagrantemente “los principios de fundamentación y motivación; violación al principio de congruencia y exhaustividad, y falta de valoración de las pruebas”.
Para las partes no hay responsabilidad, pero para los funcionarios sí debe existir. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, debe iniciar una investigación respecto a todas los funcionarios directa e indirectamente responsables de este caso, para determinar su grado de responsabilidad en la invención de culpables, y qué motivó que crearan delitos inexistentes ante una juez y lo defendieran en el amparo.
Por su parte, el presidente el Poder judicial de la Ciudad de México, que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, también debe pedir al Consejo de la Judicatura que se inicie una investigación administrativa contra Marcela Ángeles Arrieta, Juez 67 Penal en la Ciudad de México, por no cumplir con principios básicos que todo titular jurisdiccional está obligado e incluso se defina si existieron presiones, de algún tipo, para que dictara el auto de formal prisión asegurando que se había comprobado el cuerpo del delito sin valorar todas las pruebas en el expediente.
Tanto la fiscalía capitalina y el poder judicial local, seguramente argumentarán que es un tema de interpretación, y no abrirán las investigaciones. Inventar delitos y no actuar con probidad, no es un tema de interpretación. Entonces sus titulares, Godoy y Guerra quedarán para la historia, y en detrimento de su credibilidad actual, como cómplices y al servicio de un fiscal, de un caso que debió llegar a la Corte (que incluso llevó a cambiar sus criterios aplicados en décadas), porque de otro modo no hubiera tenido justicia.
