Hablar de la violencia en Guerrero parecerá nada novedoso a primera vista. Pero si observamos que esa virulencia parece una suerte de prueba, de entrenamiento sobre nuevas formas de terror y control territorial que podría extenderse en el país, entonces el tema escala a un nivel de seguridad nacional.
Ese ensayo resulta oportuno ante el inicio oficial del proceso electoral federal 2023-2024. También muy calculado en el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando las estructuras institucionales tienden a relajarse por la pelea por cargos y la transición a un nuevo gobierno.
Los ataques en Guerrero mostraron un rostro de mayor preocupación. De acuerdo al seguimiento de las áreas de inteligencia, desde la primera quincena de julio, cuando personas y organizaciones (especialmente de transportistas) movilizadas por Los Ardillos se impusieron y bloquearon la Autopista del Sol, la cual liberaron sin que hubiera entonces un detenido y obligaron al gobierno a negociar.
En paralelo, la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández fue expuesta en internet sosteniendo una reunión con quien es considerado uno de los más importantes líderes de ese cártel, Celso Ortega. Después se desató la matanza de transportistas, la aparición de restos humanos y cartulinas amenazantes; así como los embates a policías. Este sería el preludio de la nueva etapa criminal-terrorista.
En la primera semana de agosto, el fenómeno escaló a bloqueos que civiles armados llevaron a cabo en Acapulco y la autopista de El Sol, en una acción en la que encendieron 20 autos y se mostraron con su poder armado y capacidad de movilización en zonas en las que nunca antes habían estado.
Después fue el ataque a la prima de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y sobrina del senador Félix Salgado, Zulma Carvajal Salgado, quien aspiraba a la alcaldía de Iguala. En el ataque murió su esposo, Humberto del Valle Zúñiga, expolicía federal y exsecretario de seguridad pública cuando Félix Salgado fue alcalde. Y luego más ataques a transportistas a plena luz del día y la aparición de mantas que adelantaban mayor confrontación entre grupos criminales.
Agosto no terminó en calma: aparecieron ataques con drones y el secuestro de una agente del ministerio público que aparecería después viva.
Entonces comenzó a correr la versión de que el grupo de La Familia estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de la Sierra, lo que potenció su poder.
Días más tarde, dos provocaciones directas al gobierno federal. Primero el asesinato del fiscal Regional en Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, quien era teniente coronel del Ejército y había encabezado varias investigaciones. Fue secuestrado por un comando en Coyuca de Catalán.
El segundo desafío fue el homicidio del delegado de la zona centro de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Hernández.
Todo esto ocurrió pese al despliegue operativo de las fuerzas federales y estatales, y sin que se note la presencia de la fiscalía estatal, la gobernadora o la FGR.
Este tipo de ataques, aunque se han visto en otras entidades como Michoacán, Chiapas o Tamaulipas, no se habían presentado de manera concentrada en una sola entidad. Tampoco sincronizados en su implementación y difusión en redes sociales, y evolucionando cada vez, al mostrarse de día, en convoyes armados, ni en los ataques a funcionarios.
Por eso las áreas de inteligencia hablan de que esto es el ensayo de una nueva forma de violencia.
ES DE INTERÉS |
