En el teléfono se escucha a una mujer que dice a su interlocutor: “le llegó (a su cliente) información que en los próximos días se va a publicar en Puerto Rico, el cliente es de Puerto Rico, se va a publicar una información que no conviene a sus intereses…”.
La persona al teléfono repitió, más o menos con las mismas frases, a más de una docena de medios de comunicación en la isla caribeña, incluyendo hasta a los que están enfocados a noticias sobre religión.
El pedido era, en todos los casos, que no se publicara nada o incluso reprodujera algo sobre la investigación que se preparaba, y en su caso, quería saber cuánto costaba una campaña para contrarrestar el impacto que pudiera causar la publicación.
Estas comunicaciones ocurrieron dos días antes de que ejecentral publicara el reportaje “La Conexión Puerto Rico”, que reveló el andamiaje de operaciones de lavado de dinero que involucra a más de una decena de países, incluido México, y en el que se sospecha que estarían involucrados políticos, empresarios y grupos criminales.
Ahora esta operación silencio, como le han denominado los agentes estadounidenses, forma parte de las investigaciones que llevan a cabo la Oficina de Seguridad Nacional, la CIA, la ATF y el FBI, y que involucra a Belice, Venezuela, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Rusia, Rumania, Irán y México. Y es que para las agencias se trató de frenar el impacto por el nivel de involucramiento de personajes públicos.
›Se trata de una de las pesquisas más extensas que hayan hecho esas oficinas estadounidenses en conjunto, y que acumulan ya cuatro años de seguimiento; por lo que han documentado una serie de operaciones sospechosas que alcanzarían a medio centenar de involucrados, sin incluir las empresas que también forman parte de las indagatorias.
De este caso aún el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dimensionado lo grave que puede ser y cómo han quedado atrapados dentro de esta trama varios de sus funcionarios. Pero el Ejército mexicano no lo ha pasado por alto y aseguran que no está lejano que sume todos sus esfuerzos para el caso.
También parece un hecho la colaboración de varios de los países involucrados, que comenzaron a reaccionar al conocerse la información, pues hasta la semana pasada no tenían idea de las pesquisas.
Desde Puerto Rico la oficina del gobernador aseguró que no había recibido ninguna solicitud de investigación por parte de las agencias federales estadounidenses.
En ese contexto llegó a México esta semana el gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi, con una parte de su equipo de trabajo y empresarios, se supone viajaron para promocionar a la isla y obtener grandes inversiones.
El resultado de la visita fue poca visibilidad porque prevalecieron las reuniones privadas sin que se difundieran boletines o se convocaran a conferencias de prensa, y los pocos momentos disponibles, muchas evasivas en las preguntas, incluso las que se referían a las inversiones actuales de mexicanos en su territorio.
A pesar del silencio de Pierluisi, las pesquisas estadounidenses, que abarcan centenares de documentos de análisis, seguimiento y datos sobre la red de lavado de dinero que aterriza en Puerto Rico, no sólo muestra una investigación de amplísimas dimensiones con impacto en su seguridad nacional, sino definiciones geopolíticas que están sobre la mesa.
