El Presidente se niega a retirarse sin proporcionar una explicación clara y exhaustiva a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto ha llevado a que, como advirtió hace unos días, asuma el control de las investigaciones y ya no confíe en intermediarios para recibir actualizaciones directas del fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra.
El pasado 19 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algo que no había hecho en toda su gestión: hablar más extensamente sobre el caso, sin mostrar enojo y, de manera implícita, reconociendo parte de las investigaciones realizadas entre 2014 y 2017, lo que refleja un cambio en el rumbo de la investigación.
Sin la presión pública del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) ni las fluctuaciones del exsubsecretario Alejandro Encinas, atrapado en sus propias contradicciones sobre las pruebas del caso, el fiscal Gómez Piedra finalmente ha comenzado a desvincular el caso del uso político que se le había dado.
Como resultado, dos figuras están en el centro de la discusión por sus omisiones y acciones: los dos últimos exfiscales del caso, Alfredo Higuera y Omar Gómez Trejo, pero sobre todo este último, contra quien el propio mandatario sugirió que podrían derivarse responsabilidades penales.
El mandatario señaló que desde 2014, 50 personas detenidas ya habían sido puestas en libertad debido a las omisiones de Gómez Trejo y su equipo, a pesar de que existían pruebas que los relacionaban directa o indirectamente con el ataque a los estudiantes desaparecidos.
Las organizaciones nacionales e internacionales insistirán en que Gómez Trejo es ahora víctima de todo lo magnífico que logró en las investigaciones y de los grupos que lo persiguen, tratando así de evitar que sea procesado. Pero es hora de que esa izquierda, que estos grupos dicen representar, actúe con gran altura moral y demuestre que no forma parte de un grupo que vivió cómodamente durante cuatro años (con los pagos recibidos del gobierno mexicano), y cuya estrategia fue desestabilizar el caso para servir a ciertos intereses.
Intereses a los que el Presidente ahora está prestando atención, al afirmar: “No es coincidencia”, señalando que estos grupos apostaban por desprestigiar al gobierno para tomar el control. Identificó grupos de interés internos y externos, mencionando a la OEA, la CIDH e incluso a la DEA, agencia estadounidense que curiosamente no ha proporcionado todos los mensajes interceptados durante la noche de Iguala.
Para evitar la liberación de los presuntos delincuentes, los jueces ordenaron a la FGR presentar los protocolos realizados por entidades independientes. Según la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fue notificada formalmente sobre la urgencia de cumplir con esta solicitud. El documento fue recibido por la entonces subprocuradora y actual titular del cargo, Sara Irene Herrerías Guerra.
Estos exámenes podrían haberse solicitado a peritos nacionales o internacionales, o si el argumento era la falta de tiempo, podrían haberse presentado como prueba los realizados por la CNDH, que demostraban que solo nueve de los 72 detenidos que presentaron una queja ante el organismo habían sido víctimas de tortura. Sin embargo, Gómez Trejo no hizo nada al respecto, lo que permitió la liberación de casi 70 acusados, a pesar de todas las pruebas en su contra.
¿Por qué no lo hicieron? Quedaría claro con el paso de los meses, a partir de sus escandalosas declaraciones públicas, no respaldadas por pruebas, estaban decididos a afirmar que había una tortura sistemática con el objetivo de desestabilizar el caso.
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