A finales de 2019, el ajetreo de las fiestas y el cierre del año impidieron dimensionar la confrontación que existe entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR).
Si bien es cierto que los golpes bajos comenzaron en el tercer trimestre del año pasado, se hicieron visibles en noviembre y para diciembre se agudizó el enfrentamiento, a pesar de todos los intentos por matizarlo.
A esta confrontación se suma otra pelea entre la misma Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto. En este caso los choques comenzaron hace un año, primero leves, pero al paso de los meses la fractura es más profunda, ha ido subiendo de tono y, en consecuencia, se agravó.
En el entorno de estas disputas internas las Fuerzas Armadas hasta ahora han sido espectadoras incómodas, porque tienen que trabajar con todas esas instituciones. Entre los marinos y militares es común escuchar que en la Fiscalía o en la CNS “se echan la bolita” en cuanto a operativos e investigaciones.
Estas disputas se están extendiendo. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas está analizando la forma de que la Fiscalía General de la República le apoye en su trabajo, porque los subalternos de Gertz simplemente le han informado que ese es un tema local y, por tanto, no puede distraer recursos para disponer de agentes del ministerio público, de policías, de analistas de información de inteligencia ni peritos. Y en los estados la respuesta es que no hay recursos suficientes. Dentro de la misma FGR, otras fiscalías tienen los mismos problemas de falta de apoyo, incluida la anticorrupción.
No se trata de descoordinación, sino de la visión que cada uno de los titulares tiene sobre qué debe hacer cada dependencia y cómo. Y de un ingrediente adicional, el poder que se traduce en el control de información, en el manejo de recursos humanos y presupuestales y en intereses personales o, en el mejor de los casos, institucionales.
El problema de fondo es su impacto. Todos estas dependencias conforman los pilares en los que se sostiene la estrategia del gobierno federal contra la inseguridad y violencia. Estas instituciones son las que en un año, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, deben revertir el problema, pero en estas condiciones simplemente se agudizará.
La confrontación con la UIF, el problema comenzó por las filtraciones que ha hecho Santiago Nieto a medios de comunicación y los anuncios espectaculares que le ha presentado al presidente López Obrador, sin que estén sustentados. Lo que ha disgustado al fiscal Gertz Manero es que, al hacerlo, Santiago Nieto busca restarle autoridad y presionarlo. Incluso en diferentes charlas, el fiscal se ha expresado muy mal de titular de la UIF, al punto de acusarlo de ser el autor del rumor en torno a que está enfermo y pronto se retirará de la FGR, cargo que asegura lo quiere Nieto. El enojo subió de nivel porque Santiago Nieto se ha quejado de que no tiene el apoyo de la Fiscalía.
En el caso de la CNS, el problema se detonó con las estadísticas delictivas. El equipo del Centro Nacional de Información comenzó a hacer una especie de auditoría a los informes que cada mes entregan las fiscalías y procuradurías de Justicia de los estados. Incluso, visitaron cada lugar para conocer los procesos y concluyeron que había errores involuntarios y otros muy bien pensados para mostrar menos delitos.
El segundo paso fue imponer reglas para impedir que las instituciones manipulen las estadísticas y se pueda contar con información confiable que ayude a la toma de decisiones estratégicas. Comenzaron a molestarse, incluida la Fiscalía, que tomó la estafeta y se abrogó el liderazgo frente a todos los fiscales y procuradores anunció que desaparecería el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dar paso a un nuevo sistema estadístico que controlarían las procuradurías. Gertz Manero conoce cómo funciona, sabe que al tener el control de la información puede definir estrategias y hasta incidir en el ánimo del Presidente. Su anuncio choca con la ley, pero también con todo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que no le permitirá que las fiscalías dejen de informar sobre la incidencia delictiva, pues han venido desarrollando un trabajo que ahora les permite saber hasta las colonias en donde surgen los más graves problemas delictivos en el país. Falta ver quién gana.
