En las calles se percibe la presencia de estos jóvenes —y otros no tan jóvenes—, que observan, hablan por teléfono, andan en motocicleta o autos y que, en algunos casos, dejan ver sus armas en la cintura.
Sí, ya no sólo están en ciudades pequeñas o las zonas de cultivo o procesamiento de drogas. Están en las calles de las grandes ciudades y en las que antes trataban de pasar desapercibidos, pero ya no. Es parte de su victoria y, con ello, de la derrota del Estado.
Esa es la diferencia, ahora se comportan como los dueños de ese territorio que las autoridades estatales y municipales les han cedido, no ahora, hace por lo menos dos décadas atrás. Sólo que los presidentes municipales o sus policías no imaginaron que se volverían sus jefes. Mucho menos los gobernadores o miembros de los gabinetes locales que llegaron recibiendo ayuda de estos grupos criminales, que ahora sus negocios están ligados a la política y a los servicios públicos de las comunidades. Su meta es controlar las regiones criminal, social y políticamente.
La información llega de Guerrero, proveniente de investigadores e incluso agencias estadounidenses que están viajando al lugar para documentar la operación de fentanilo. Dicen eso, que estos personajes caminan sin problemas entre las calles de Acapulco o de Chilpancingo y no importa la presencia de autoridades locales o federales, ni despliegues de agentes especiales. Están allí, se muestran y quieren ser vistos.
El obispo emérito Salvador Rangel los ha llamado “los señores del crimen” en la entrevista que concedió a Carlos Loret en Latinus, y sabe de lo que habla. Los informes muestran que se trata de personajes millonarios gracias al tráfico de drogas sintéticas y a las extorsiones de minas, de las construcciones, de grandes empresarios o de productores de todo tipo, y hasta el cobro a medianos y pequeños comerciantes. Son propietarios de transportes, de líneas de camiones y servicios públicos. No todos los grupos, pero sí algunos se han apropiado del territorio y en ello pareciera le llevan mucha ventaja a las autoridades y, en especial, a las federales, incluidas en ellas el INE, que no ha tenido el cuidado de hacer un mapa de riesgos que alerte sobre las verdaderas amenazas sobre el proceso electoral.
Dijo el obispo Rangel, refiriéndose al estado de Guerrero, que “los candidatos ya están puestos, los pactos existen y pues van a salir aquellos candidatos apoyados por el crimen organizado y apoyados también por la gente que ellos controlan. Ya se dio ese pacto”.
El que los obispos en Guerrero hicieran público el encuentro que sostuvieron con los señores criminales, fue porque así se los recomendaron, por seguridad y por el papel político que pretenden tener esos personajes.
Y es que una de las cosas que se juegan en esta elección es, sin duda, el poder criminal. Y ellos ya están como actores de primera línea. La entrevista que hizo también Latinus al supuesto líder de Los Ardillos, Celso Ortega, es histórica y da inicio a la intervención, de forma abierta, en una elección federal.
Fuentes de inteligencia de México y Estados Unidos me aseguran que no se trata del mencionado líder quien apareció en cámaras, pero sí alguien autorizado por Ortega para hacer y decir lo que dijo.
Lo que relató, sin duda, habrá que investigarlo, pero no es tan lógico en tiempo, lugar y circunstancias sobre el Z-42 y el dinero que habría dado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Los datos no coinciden por varias razones: una de ellas es que el grupo de los Beltrán aún tenía el control territorial de Guerrero y eran enemigos de los Z, por ejemplo.
No pondría en duda lo que dicen sobre los acercamientos y acuerdos con las autoridades estatales y municipales, porque hay información de inteligencia que tiene el Ejército que lo confirma.
Pero un punto sustancial es, ¿por qué y para qué el líder del grupo criminal de Los Ardillos puso a su enviado a dar esta información? Y, ¿qué sigue después?
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