A penas hace 15 días en San Pablito, Tultepec, Estado de México murieron 36 personas, ocho menores entre ellas, y alrededor de 60 sufrieron algún tipo de herida. Ha sido uno de los hechos más trágicos de los últimos años y que expuso el estado de vulnerabilidad de instalaciones y poblaciones en el país, pero pareciera que logró diluirse y perder su importancia.
Es necesario no olvidar. Es indispensable señalar responsables, para por lo menos tomar conciencia del riesgo. Hace una semana reflexionaba en este espacio sobre las instituciones responsables directa o indirectamente de la explosión en el mercado de pirotecnia: la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil federal, estatal y municipal; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aduanas, bomberos estatales y municipales; el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y las policías federal, estatal y municipal. Todas esas instituciones tenían una responsabilidad legal y todas ellas deberían responder a las preguntas ¿cómo? y ¿por qué? En este escenario, los locatarios, al menos algunos de ellos, también pueden ser responsables, y ellos también deberían responder las mismas preguntas.
Todos saben las carencias y necesidades de un municipio en donde el manejo de pólvora es la forma de vida para gran parte de las familias de La Saucera y de San Pablito, pero que le convierte en un lugar de alta vulnerabilidad y, por tanto, prioritario en su atención para los tres niveles de gobierno.
El Plan de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Tultepec 2016-2018, elaborado por el actual alcalde Armando Portuguez Fuentes, nos dibuja el mapa completo:
Protección Civil Municipal, que incluye a los bomberos, sólo cuenta con 14 elementos operativos que tienen una pipa, dos carros–pipa, dos ambulancias y dos unidades vehiculares administrativas. Por si fuera poco “falta de modernización del equipo para mejorar su calidad y capacidad de respuesta”.
Reconoce que no se llevan a cabo simulacros de primeros auxilios y de incendio, “que permitan reducir la posibilidad de riesgos de pérdidas humanas y destrucción de bienes materiales”. Tampoco existe un plan de inspección de giros comerciales, mercados públicos y sobre ruedas, escuelas y lugares públicos donde pudiera presentarse alguna contingencia.
El documento subraya que Tultepec carece de un atlas de riesgo para identificar “las zonas vulnerables a siniestros con la naturaleza y la actividad humana”.
“Sin un programa definido de inspecciones a giros comerciales, artesanales, educativos; se labora solamente con base en los reportes de emergencias, pero se descuidan las tareas de prevención”, detalla el documento.
Esto podría parecer menor al tratarse de la autoridad municipal, pero no lo es. Significa que el gobierno del Estado de México y el federal no ha reforzado la capacidad preventiva y de respuesta de las autoridades municipales que son las primeras responsables de supervisar y vigilar a un mercado como el de San Pablito, construir una cultura de seguridad, pero también de reaccionar ante un riesgo.
El problema crece si en el mismo diagnóstico se reporta que en el municipio no existen hospitales de segundo y tercer nivel de atención, y las clínicas familiares que dan servicio sólo ofrecen una cama de hospital por cada tres mil 274 habitantes. Esto implica que ante cualquier explosión o incendio no hay forma de atender a los heridos.
Y si abundamos más, el Plan de Desarrollo también reconoce que 54% de sus habitantes tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar. Y “la actividad pirotécnica es un factor detonador de empleos indirectos que permea hasta la base de la pirámide poblacional”.
El documento reconoce los riesgos: “presencia de producción clandestina en zonas urbanas de la cabecera municipal y carencia de programas de inspección por parte de la autoridad responsable en la materia. La usencia de una NOM impide la posibilidad de aumentar las ventas al no existir una regulación sobre la presentación, embalaje y envasado del producto. Debilitamiento de la actividad pirotecnia derivado del desaliento, la baja en la venta y la producción clandestina”.
El diagnóstico se tiene, se conocen los riesgos, pero los gobiernos no actúan ni se responsabilizan de su omisión.
Son más de dos décadas de explorar en el periodismo desde un enfoque de seguridad nacional.
