La Fiscalía General de la República sigue intentándolo, quizá considera que a fuerza de filtraciones (dos veces en seis meses a diferentes medios), y de entregar al Presidente versiones fraccionadas, se convertirá en verdad. Imposible.
Simplemente la autoridad está permitiendo que la versión de un personaje identificado por decenas de testigos y documentado por la CNDH como el principal autor intelectual y operativo de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sea el que siembre la nueva verdad (extraño, es de lo mismo que cuestionó el gobierno mexicano sobre la DEA).
Es importante hablar de nuevo del caso Iguala, para no permitir que una simple declaración haga a un lado pruebas científicas y testimonios de víctimas, sólo por un interés político.
1. Asegura el testigo estrella que los normalistas fueron asesinados y sus restos llevados al crematorio de una funeraria donde tardaron dos días en convertirlos en cenizas. Falso. Todos los peritos, incluso los argentinos y CNDH, coincidieron en que los restos hallados en el basurero de Cocula presentaban afectaciones térmicas coincidentes a una incineración no controlada.
2. Sembraron pruebas los narcos en el basurero de Cocula para que las autoridades mostraran resultados, dice Juan. Falso. Los peritajes de la tierra en ese lugar y la que tenían las muestran encontradas dentro de las bolsas en el río, revelan coincidencias y rastros de incineración en el lugar.
3. Dice que fueron asesinadas unas 60 o 70 personas la noche de Iguala, no sólo los estudiantes sino indigentes. Tendrán que encontrar los cuerpos y hacer coincidir con los peritajes el que hayan sido asesinados la noche del 26 o madrugada del 27 de octubre de 2014. Los que se han localizado en distintas fosas, por ahora no coinciden con esas fechas.
4. Militares detuvieron también a los normalistas. Los videos no lo reflejan, tampoco los testimonios de los estudiantes que sobrevivieron al ataque, sólo algunos mencionan maltratos o falta de ayuda, pero nada de que fueron llevados al Campo Militar.
5. Guerreros Unidos, a cambio de protección, le pagaba al fiscal de Guerrero y al coordinador de la Policía Federal (que ya entonces había sido enviado a Michoacán), asegura el testigo. Sería ya el tiempo demostrar movimientos económicos irregulares de ambos funcionarios, además de precisión en el modo, tiempo y lugar en el que les dieron los sobornos para ser válida tal acusación. Lo que sí está documentado es que la fiscalía de estado expuso en varias ocasiones, en las mesas del Grupo de Coordinación Guerrero y para el operativo Guerrero Seguro, el tema de violencia en Iguala y los grupos criminales y pidió hacer operaciones conjuntas que no se realizaron. Pero en esas mesas estaban: Ejército, Marina, Cisen, gobernador del estado (a veces), Policía Federal, PGR y secretaría de seguridad de la entidad, ¿ya investigó la FGR a todos?, porque todos lo sabían y no hicieron nada? (uno de ellos era el actual secretario de Marina, jefe entonces de la Zona Naval).
6. El testigo Juan exculpa al jefe de la estación de Policía Federal de Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías (cercano del excomisionado Enrique Galindo), quien conoció del ataque a los normalistas la misma noche. Pero se ve que la Fiscalía no le cree en este caso a su testigo estrella, porque acaba de detener al exagente federal y logró someterlo a proceso por el caso de Ayotzinapa.
Como corolario: el 27 de enero de este año, Rosario Piedra, al rendir su informe ante los diputados, no ofreció resultados de su análisis en torno al expediente que ese organismo integró a detalle (Recomendación 15VG/2018 y sus alcances), sólo habló de su solidaridad a las familias de los estudiantes.
Realmente están dispuestos el subsecretario Alejandro Encinas, el fiscal Alejandro Gertz, el fiscal Omar Gómez Trejo y la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, asumir los costos de las mentiras del testigo llamado Juan, que en realidad es Gildardo López Astudillo, identificado como uno de los más importantes líderes del grupo criminal de Guerreros Unidos. El poder no es algo permanente.
