Durante seis meses la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) —por lo menos 150 días hábiles— practicó una auditoría operacional y emitió su fallo con las evidencias que tuvo a su alcance. Se trata de personal especializado, que practican estos ejercicios en el mundo y que están acostumbrados a cumplir con la ley, no a la simulación.
Resulta que el subsecretario Carlos Morán Moguel, a quien desde la SCT le toca el tema, salió el miércoles a medios para dar sus explicaciones y salvar su puesto. Todas fueron una burla: La primera es que se contagiaron de Covid-19, un total de 158 personas de la dependencia, y que eso impidió que hubiera gente en las oficinas para obtener todas las pruebas que le pedía la FAA, y fue hasta febrero, asegura, ya con el personal trabajando casi en su normalidad, pudieron atender al organismo. Sólo que el funcionario no aclaró que esas personas enfermas no todas eran de las áreas que tenían que atender las peticiones del organismo. Pero hay algo más, el procedimiento de revisión comenzó en octubre del año pasado y esta epidemia interna inició meses antes y se consideró controlada antes de diciembre.
La segunda justificación es que dice que las evidencias de la SCT, que solventan las observaciones de la Administración Federal de Aviación, fueron entregadas y “cumplimos todo”, pero la “mayor parte” de ellas las entregaron las tres últimas semanas, incluso el lunes pasado. Pero lo que no explicó Morán Moguel es que la FAA fija plazos específicos para el procedimiento, que incluye recibir esas pruebas mucho antes, no al final, porque sus fallos se basan en “estricta evidencia”. Es por eso que la entrega que menciona el funcionario fue absolutamente extemporánea, y por supuesto que no las vieron los auditores porque ya no procedía hacerlo, así lo marcan las reglas y las normas; aunque Carlos Morán se atreve a decir otra mentira: “mucho me temo que ellos fueron obligados a cumplir con sus tiempos”.
Y no sólo eso. El lunes el equipo del subsecretario le envió a la agencia los links con las supuestas evidencias que menciona Carlos Morán, pero lo hicieron, eso no lo dijo, como un intento desesperado, porque ya sabían que la resolución era negativa para México.
Todo lo que dijo el subsecretario es mentira, porque las observaciones que hizo la FAA fueron sensibles, especialmente en las operaciones aéreas y licencias, y no pudo haberlas subsanado la SCT en estos últimos meses, porque se trata de carencia de recursos y de corrupción. Pero también influyeron otros aspectos que son más de fondo.
El gran problema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le cree a Morán Moguel, quien le dijo que el problema era viejo y que se solucionaría pronto, porque ya habían entregado las evidencias y estaban en contacto con los funcionarios de la FAA. Pero ni era tan viejo ni se solucionará tan pronto; aunque eso explica que el mandatario se atreviera a decir, el lunes pasado, que “no es un tema delicado… no es un asunto que yo considere grave”.
Pero fue más allá, abriendo un nuevo frente de confrontación con Estados Unidos: “Sentimos que no debe de llevarse a cabo esta decisión porque estamos al día, se puede probar que no hay ningún pendiente; sin embargo, hay intereses, porque quienes se benefician cuando hay una medida de estas, pues son las líneas aéreas estadounidenses, ellas son las que se benefician y podrían perjudicarse las líneas nacionales”.
No se da cuenta López Obrador y nadie en su gabinete se lo ha advertido, que esto es mentira, y le dejan equivocarse. El impacto económico para las aerolíneas mexicanas es brutal, y para la recuperación de los vuelos, lo que impacta directamente en el TUA que sirve para pagar la deuda provocada por la cancelación de Texcoco.
Además, esta sanción coloca en un mayor riesgo los planes de operación de su aeropuerto de Santa Lucía.
