Un equipo de casi 50 funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) trabaja en Cancún aceleradamente para devolver a sus propietarios el contenido de las mil 500 cajas de seguridad que desde hace siete semanas aseguró la dependencia, en un procedimiento muy cuestionado por un juez federal.
La autoridad se impuso el 17 de diciembre como fecha límite para concluir con esta devolución de bienes a todos los solicitantes. De lograrlo, el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y el subprocurador Especializado en Investigaciones en Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira Salas, no sólo evitarán pagar una multa, sino conservar su trabajo, que todavía hoy está en riesgo.
La historia es sencilla. Cuando la PGR detuvo en Puebla a Doña Lety, a quien señala como jefa de la plaza de Cancún, entre sus pertenencias encontraron dos llaves de cajas de seguridad. Después de extensos interrogatorios descubrieron que estaban en Cancún, en la empresa First National Security. Primero solicitaron una orden de cateo para el inmueble, y aunque sólo iban por dos de las cajas, y sabían que había mil 500, no solicitaron igual número de órdenes de cateo, pero utilizaron el mismo documento para asegurar todo lo que se encontraba en la empresa.
El procedimiento debió ser de la siguiente forma: abrir cada caja con dos testigos y el interesado, para acreditar que lo que se encuentra adentro es legal, se puede acreditar su procedencia y, en su caso, entregarlo al dueño o registrarlo como prueba. No se hizo así y con ello los investigadores incurrieron en un acto arbitrario, violando, entre otros, el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia.
Pero las anomalías continuaron. No atendieron la resolución de un amparo que les ordenaba no abrir todas las cajas, respondieron, sin que fuera cierto, que ya todas estaban abiertas; tampoco permitieron al actuario del juzgado Séptimo de Distrito con sede en Cancún realizar una inspección ocular y con el mismo problema se toparon los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los afectados comenzaron a tramitar amparos que, al principio, los abogados particulares que contrataron les cobraron 50 mil pesos, después ya les hicieron una rebaja y los litigantes cobraban por amparo 30 mil pesos. En total, al juzgado Séptimo federal llegaron 501 amparos que aún están en trámite.
Ante la CNDH los afectados no sólo denunciaron los actos de la PGR, también a un funcionario en especial, a Óscar Manuel Soto Velázquez, fiscal de la Unidad de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que estuvo desde el principio al frente del operativo y no sólo ofreció información falsa a los afectados, sino también aseguraron que recibieron malos tratos de su parte. Es un personaje con cuatro años de experiencia en investigación, y el resto dedicado al litigio privado, a dar clases y un año en atender el Centro de Denuncias y Atención Ciudadana de PGR.
El mayor problema para la Procuraduría es que el juez de amparo, al llevar a cabo su inspección el 18 de diciembre y encontrar irregularidades o inconsistencias, puede resolver la separación del cargo de Soto Velázquez y de Lira Salas, lo cual daría pie a que se solicite el juicio político contra Elías Beltrán. A la CNDH hasta ahora no le han permitido ingresar al lugar y tampoco han dado respuesta a sus requerimientos de información, por lo que las investigaciones del organismo han avanzado poco.
Otro de los problemas es que, si es verdad lo que dijo el procurador en funciones, en cuanto a que sí han encontrado pruebas entre las cajas de seguridad contra integrantes del crimen organizado, esos elementos podrían ser desestimados en un juicio, porque no se siguieron los protocolos para mantener la inviolabilidad de la cadena de custodia.
Un elemento adicional en toda esta trama, es que en la PGR han estado buscando pruebas para inculpar a los propietarios de First National Security, como encubridores del crimen organizado. Sin embargo, el dueño, Santiago Ancona, puede demostrar que posee la empresa desde 1991, que cumple con todos los requisitos legales y que es un personaje muy querido, respetado y reconocido en su comunidad.
Si la PGR no termina la entrega de los bienes, antes del 18 de diciembre, cuando el juzgado hará la inspección ocular, estarían el subprocurador y el procurador por ministerio de ley, en riesgo de perder su trabajo. Y también se abriría la puerta para que los afectados puedan demandar al Estado por la vía civil y penal, porque tendría que asumir la responsabilidad patrimonial del daño causado, como el caso de Ancona, a quien ya le provocaron la quiebra de su empresa.
