Los tiempos e intereses externos, las pruebas contra funcionarios y las rebeliones internas de Morena llevarán al Presidente, tarde o temprano, a tomar medidas que no le gustan, operando bajo presión para intentar contener la implosión o múltiples implosiones de su gobierno.
El enojo que ha mostrado en los últimos días el mandatario, exhibe no solo la pérdida de controles internos y externos que está experimentando, sino también la urgencia de obtener resultados en temas donde ha habido fracasos, como en la Fiscalía General de la República.
La liberación de Emilio Lozoya de prisión representó un duro golpe a la credibilidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente a su lema de “no somos iguales”. Fue una sorpresa para el mandatario, quien no fue informado sino hasta poco antes de que ocurriera. Intentó gestionar daños culpando al Poder Judicial de la Federación, pero esto solo distrae del verdadero problema: la falta de control sobre la Fiscalía General de la República (FGR) con Alejandro Gertz Manero.
Aunque desde la oficina del titular de la procuración de justicia federal también se deslindan culpando a jueces y magistrados de todas las pérdidas en los juicios, en Palacio Nacional cuentan con datos precisos sobre las fallas en los procesos legales. Estas van desde la falta de preparación de los casos hasta el seguimiento deficiente y errores de procedimiento.
Pero el mandatario continuará enfrentándose con el Poder Judicial en lugar de señalar a la FGR, ya que esto le resulta más conveniente y se evita entrar en una confrontación donde Gertz podría tener ventaja inicialmente. Este último maneja carpetas de investigación sobre funcionarios, exfuncionarios, federales y locales, así como miembros de Morena y del Verde Ecologista, relacionados con casos de corrupción y vínculos con grupos criminales, con información propia y recibida de Estados Unidos.
En su control de daños, no evaluó el impacto en los exfuncionarios de la Corte que reconocieron ayudarlo en los casos. Según fuentes gubernamentales, no les preocupa si surgen contratiempos en el proceso.
Pero los problemas internos continúan aumentando. Los grupos descontentos con las designaciones en el Congreso le han expresado al Presidente que no garantizan un control legislativo a corto plazo. Además, aquellos con aspiraciones a un cargo en la Cámara de Diputados se sienten desplazados, ya que se les ha indicado que deben contribuir a la transición.
El enojo que manifestó en la conferencia matutina al tratar de defenderse por la publicación de un dato personal de una periodista, lo cual la ley le prohíbe bajo cualquier circunstancia, refleja un enojo más profundo y su pérdida de control.
Si bien la DEA ha sido el arma de ataque para presionar un cambio de estrategia contra los grupos criminales, esa embestida no se limita a eso. No es que los agentes estadounidenses estén buscando operar de nuevo; ¡lo están haciendo! La prohibición fue simplemente de papel.
Lo que el Presidente evita decidir involucra las inversiones y operaciones políticas de China y Rusia en México, así como las decisiones gubernamentales que impactan a productores estadounidenses en granos y metales. También abarca los contactos de figuras de Morena con grupos latinoamericanos no alineados con la agenda estadounidense.
Entonces, las presiones aumentarán, y el mandatario históricamente nunca ha aceptado imposiciones, pero los caminos se le están cerrando.
Para blindarse, necesita llevar a cabo una purga de todos aquellos individuos dentro del gobierno y de Morena; incluso los candidatos deben realizar una revisión exhaustiva de sus equipos, eliminando a aquellos contra quienes los estadounidenses tienen pruebas, y de paso, sacar a los informantes y los infiltrados, que los hay.
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