En unos meses el fiscal Omar Gómez Trejo y el subsecretario Alejandro Encinas cumplirán cuatro años como responsables de las investigaciones sobre el ataque y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, lo que representa el mayor tiempo que un funcionario del gobierno Federal ha tenido en sus manos ese caso, pues todos sus antecesores tuvieron menos mucho menos tiempo, algunos meses y otros un par de años.
A pesar de tener una gran cantidad de recursos disponibles y todo el tiempo que han tenido, los avances son prácticamente nulos para conocer lo que ocurrió con los jóvenes y cómo ocurrió, y judicializarlo. Simplemente el fiscal y Encinas han optado por el discurso sin pruebas, pero para su mala fortuna la población ya no les cree, al menos la encuesta de El Financiero muestra que a casi cinco de cada 10 entrevistados no le agrada la forma en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está tratando el tema, y sólo tienen un 36% a favor.
Veamos los ejemplos específicos. Si bien integrantes y mandos del Ejército tienen un grado de responsabilidad, administrativa y penal, por lo ocurrido la noche de Iguala, por omisiones previas y durante ese día del ataque, falta probarlo y establecer en qué grado cada uno. La razón de esta responsabilidad es que el Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, el general José Rodríguez Pérez, tenía a su cargo un equipo llamado SIIO (Servicio de Información, Instrucción y Operaciones), dedicado a tareas de inteligencia operativa, por lo que debía conocer el grado de corrupción que existía en Iguala y cómo controlaba toda institución el grupo Guerreros Unidos.
En los últimos días, el subsecretario Encinas acusó a un grupo de militares de participar en el ataque a los normalistas y hasta ordenar la ejecución de seis de ellos. Pero lo que no mencionó es que la mayoría de esos militares en retiro o miembros de la Sedena no cuentan con orden de aprehensión por la muerte de los estudiantes o su desaparición, sólo se les acusa de delincuencia organizada, por colaborar con Guerreros Unidos, confirmaron varias de las fuentes consultadas.
Otro ejemplo que incluso sería razón suficiente para acusarlos penalmente por posible obstrucción u ocultamiento, son los nuevos dictámenes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Nunca antes, en documento alguno que entregaron como parte de su trabajo formal o incluso declaraciones públicas, dictaminaron que los huesos encontrados en el basurero de Cocula presentaban características de haber sido expuestos a temperaturas constantes y controladas, “propiedades que coinciden con restos que han sido cremados”, como reveló hace unos días el periódico Milenio.
Este cambio de opinión permitirá a la fiscalía tratar de sustentar que los restos del basurero fueron sembrados, porque en realidad los normalistas fueron llevados a un crematorio y allí se les incineró.
Pero en el pasado, los mismos del EAAF opinaron algo totalmente distinto, que los restos presentaban una afectación térmica diferenciada, lo que demostraría una incineración no controlada.
Ahora, ¿cuál es la verdad? Que simplemente ya no son creíbles. Lo que sí se puede confirmar, porque se menciona en el Cuarto Informe del presidente López Obrador, es que tanto a los peritos como al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) les extenderán el pago de su contrato para su trabajo en México.
Hasta ahora, la supuesta nueva verdad, no ha sido judicializada y los estudiantes no han sido encontrados, eso es lo único cierto.
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