Información generada por agencias de Estados Unidos anticipa una peligrosa y extensiva guerra entre cárteles criminales de México. El escenario de esa batalla sería el propio territorio mexicano, y los puntos clave, consideran, serían el Pacífico, centro y el norte del país en la zona de Tamaulipas, especialmente.
La información aún está siendo confirmada, pero este escenario sería producto de varios factores. El primero, el cambio generacional al interior de las organizaciones, que se conjuga con el crecimiento de grupos más pequeños dentro de esos cárteles, con más dinero, mayor capacidad de fuego y mayores ambiciones, y es el primer detonante. Incautaciones de armas así lo muestran.
Otro de los factores ha sido el cambio de fuerzas políticas en el territorio. Nuevos gobiernos, nuevos funcionarios, cambio en las policías locales y fuerzas federales, lo que ha roto pactos de los últimos años. Esto no sería un problema, consideran si no se atara a otro factor, que los nuevos no han iniciado un diagnóstico profundo de la situación en los estados; tampoco una verdadera estrategia de seguridad regional, al contrario, algunos tienen nuevos pactos. Al consultar a funcionarios locales, reconocen que se tienen pocas investigaciones y planes de trabajo preventivo.
Las agencias adicionan, a sus primeros diagnósticos, otro elemento esencial, la inacción de la Fiscalía General de la República, a la que han mantenido bajo intensa observación desde hace más de un año. Incluso se han hecho de informantes internos, que les han ido dotando de datos que muestran, aseguran, un rosario de problemas, lo que ha provocado varias investigaciones en el país del norte, porque consideran que, como nunca, una parte importante de la estructura de esa institución está al servicio criminal.
¿Qué es lo que han observado en la FGR? Un alto grado de corrupción por la falta de controles y supervisión de los funcionarios de primera línea hacia sus subalternos; enorme letargo en los casos; falta de información de inteligencia confiable y actualizada sobre grupos y operaciones criminales, y una marcada descoordinación con lo que llaman agentes de campo y que son la Guardia Nacional, Marina y Ejército; y muy poco trabajo con las fiscalías locales. Las fuentes consultadas aseguran que los agentes que sí quieren investigar no cuentan con el apoyo de sus superiores, bajo el argumento de falta de recursos humanos o económicos, o se les llena de otras tareas de menor importancia.
En suma, el panorama que los estadounidenses tienen sobre el trabajo de la Fiscalía es de desarticulación y falta de liderazgo en el combate a los cárteles.
Todos esos factores, sumado a una visión clara sobre la estrategia de seguridad preventiva y persecutora, está aportando la gasolina de esta guerra criminal que prevén las oficinas estadounidenses, no sólo entre grupos, sino interna.
Un elemento que también les preocupa es que los poderes judiciales locales y el federal, aseguran, no brinda el apoyo suficiente a sus jueces para que dicten sentencias ejemplares contra criminales; más bien están solos. Aunado esto a una corrupción que no se ha combatido en los cimientos de estos órganos, secretarios, actuarios y personal que opera a favor de los cárteles, sus abogados y familias.
Pero las agencias no son las únicas que observan este desolado panorama en los órganos de seguridad y justicia, también los legisladores de Estados Unidos, quienes no han descartado llamarles organizaciones terroristas extranjeras.
En un reciente reporte señalan que “algunos miembros del Congreso están preocupados por los persistentemente altos niveles de violencia en México y la ineficacia de varios esfuerzos para frenar esa violencia o enjuiciar a los infractores”.
De confirmarse esta guerra en ciernes, el próximo años será un escenario perfecto para ello. Los cambios políticos y el que pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene una prospectiva sobre estos grupos criminales.
