El general Salvador Cienfuegos era un hombre muy poderoso poco antes y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue alguien a quien el entonces Presidente dejó actuar, y a quien el mandatario atendía en todas sus sugerencias, incluso más allá de las vinculadas a temas de seguridad.
Visto en el contexto de la administración pasada, el secretario era un hombre duro y seco; la imagen que cuidó fue la de un militar muy riguroso en la disciplina castrense. Fue alguien que se entrenó para ser Secretario de la Defensa, no sólo por los estudios y especialidades que desarrolló, y los cargos que ocupó a lo largo de su trayectoria, sino por las relaciones que tejió con gobernadores y políticos del PRI y del PAN.
Las acusaciones en Estados Unidos contra el general Cienfuegos no son claras aún, por dos razones: la primera es que no se ha presentado el caso completo, esto se hará en las próximas semanas en Nueva York, apenas vimos un resumen de las investigaciones. La segunda razón es que es notorio que están guardando pruebas porque involucran a otros personajes a quienes también acusarán penalmente.
En las investigaciones contra el militar no sólo participó la DEA, también aportó información la CIA, que años atrás tenía interlocución directa con el Ejército mexicano, pero que se diluyó en la administración de Felipe Calderón, por la pérdida de confianza, y se concentró en la Marina.
Las investigaciones aún continúan en Estados Unidos, “otros funcionarios corruptos” mexicanos están siendo investigados: generales, personal de primera línea relacionado a prisiones federales, y de la Procuraduría General de la República, eso es lo que dejan entrever los documentos del Departamento de Justicia estadounidense, pero también lo confirmé con fuentes que han seguido este caso.
La desconfianza no es nueva. Hay una escena que muestra el recelo que las agencias estadounidenses ya tenían sobre el Ejército y la Policía Federal. En las dos ocasiones que se fugó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y fue recapturado, se difundieron fotografías casi de inmediato. La razón: estas oficinas extranjeras creían que era posible que los militares o agentes de la policía pudieran liberarlo o hasta matarlo para impedir que revelara datos, de allí que las imágenes eran una prueba de que estaba con vida.
Pero no había nada contra el secretario entonces. Los señalamientos contra el general Cienfuegos se enfocaban, en la administración pasada, en contratos posiblemente irregulares para la compra de insumos y construcciones en manos del Ejército. Nada se pudo probar, pero era sólo eso.
De su posible relación con el narcotráfico, al menos en México, ningún dato existía. Y es aquí donde se ubica la responsabilidad del Estado. Un funcionario puede fallar y corromperse, es factible, lo que no es perdonable es que el Estado no tenga la capacidad de detectarlo ni los resortes para resolverlo.
Es decir, El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal fracasaron en su trabajo en los últimos 18 años, porque no detectaron la corrupción de Cienfuegos y le permitieron llegar a ser secretario de la Defensa. Pero no sólo eso, este gobierno, bajo su absurda idea de perdón y cuenta nueva ha renunciado a lo más elemental: a recuperar el Estado decantándolo. Ojalá escuche el Presidente que debe tener información de inteligencia de Estado.
Después de que se conoció el caso del general, la institución agazapada ha sido la Fiscalía General de la República. Debió ser la primera en salir, y presentar el oficio solicitando información sobre el caso para revisarla e iniciar las investigaciones necesarias contra él y los que resulten. Un vacío que no le hace bien a este país.
El otro grave error pasado y presente. En los últimos 10 años, México ha entregado a decenas de personajes criminales a Estados Unidos, sin exigir siquiera un acuerdo de cooperación inmediata y obligatoria para compartir la información que se obtenga de ellos. Cuidado, ahora ningún funcionario está a salvo, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene a su alcance personajes de primer nivel de los cárteles de Pacífico, Zetas, Jalisco Nueva Generación, Carrillo Fuentes y varios más, muchos de ellos dispuestos a negociar y declarar a cambio de beneficios.
