¿Por qué tanta lentitud para informar sobre qué pasó con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? No parece argumento suficiente, después de tres años de que este gobierno asegurara que todo quedaba abierto, que sea por causa de las “resistencias” al interior de la Fiscalía General de la República, del Ejército y Marina, que argumentan los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y del limitado equipo que ahora resulta tiene la Unidad de Investigación para el caso Ayotzinapa en la FGR (algo de lo que no se habían quejado), que dirige Omar Gómez Trejo.
A lo largo de estos tres años el subsecretario Alejandro Encinas, el fiscal Omar Gómez Trejo y los integrantes del GIEI han dado conferencias de prensa o entrevistas para el caso de la desaparición de los 43 normalistas dosificando la información. Van añadiendo datos que cargan de una dosis de espectacularidad, pero que no responde las preguntas sustanciales. Sólo cuentan lo que no se hizo bien y que hubo un entramado para desviar el caso y ocultarlo todo. Pero hasta ahora no han sido capaces, en esta lógica, de sostener con pruebas por qué y para qué se confabularon ocho órganos de Estado (Presidencia de la República Gobernación, Cisen, PGR, Defensa, Marina, gobierno del estado y fiscalía de Guerrero), para que no se supiera la verdad sobre la noche de Iguala.
Pero lo más grave, no han podido explicar qué pasó con los normalistas, por qué, cómo y dónde están.
Recordemos que los integrantes del GIEI, incluido con ellos Gómez Trejo, tuvieron acceso a las investigaciones y participan en ellas, al igual que peritos argentinos, desde 2015, así aparece en su contrato de pago. En el expediente hay oficios que confirman cómo se les entregó los documentos que solicitaban a la entonces PGR y también actas en las que se asienta su participación en decenas de diligencias. Es decir, tienen 7 años conociendo de este caso. Y Encinas, desde que era legislador dio seguimiento.
En estos tres años Gómez Trejo tiene toda la autoridad legal que quiera ejercer para avanzar en las pesquisas y con él, de la mano, participan los integrantes del GIEI de forma directa en interrogatorios (preparando las preguntas y sumando nuevas a los ministerios públicos durante la diligencias) y hasta sugieren en charlas informarles con los testigos beneficios legales si colaboran, acuden a revisar personalmente cateos, archivos y peritajes.
¿Y entonces? De qué les sirvió que el líder del Cártel de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, fuera su testigo estrella para acusar a funcionarios (casos que se están cayendo), siendo el principal autor del ataque a los normalistas. ¿Por qué no les ha confesado la mecánica exacta de cómo ocurrieron las cosas?, ¿dónde están los estudiantes?, y todos los nombres de los involucrados o cómplices incluidos funcionarios.
¿Por qué el fiscal no ha enviado los 114 restos que los peritos argentinos y la CNDH certificaron con posibilidades reales de obtener ADN en Innsbruck? ¿Por qué el fiscal o el GIEI no han informado sobre los registros que les entregó hace casi un año Estados Unidos y que se suponen ya están completos, pero que de ellos no hicieron hasta ahora uno de sus anuncios espectaculares?. ¿Por qué no hablan públicamente de los avances en torno a los chats del Ejército que dieron a conocer sobre el seguimiento a los estudiantes?.
Eso sí, ahora exhiben un video que obtuvieron hace cuatro meses y medio, tiempo en que no hicieron un peritaje a fondo y una confronta documental, sólo interpretaciones.
Tienen razón cuando se dice que resolver el caso Ayotzinapa dará paz a los familiares de los estudiantes y será un peldaño fundamental para reconstruir la confianza en la justicia en el país. Hacer anuncios dosificados, para construir una narrativa difusa, daña igual que la impunidad y sigue aplazando la justicia.
