El desastre en la entrega de fertilizantes parecería sólo un grave problema de logística, pero no lo es. Es apenas la punta más visible de un problema que puede desencadenar conflictos sociales y hasta microzonas de hambre en el país.
Un primer hecho ocurrió a principios de este año en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador revisaba con Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y otros funcionarios, el diseño de los programas que se darían a los campesinos. Previamente el encargado de la política del campo se había reunido con productores y habían discutido la posibilidad de que se apoyara no sólo a quienes tenían de cinco a 20 hectáreas, como lo había ordenado el Presidente, sino también a los que contaran con 100 hectáreas; porque a diferencia de lo que se pensaría, el tener esa cantidad de tierra en el norte del país, dado el clima y nivel de producción, no se trata de terratenientes millonarios, sino un mediano productor que arriesga mucho en cada siembra.
Villalobos expuso a López Obrador la petición de extender los apoyos a quienes posean esas 100 hectáreas, pero el Presidente dijo que no. Insistió en otra ocasión el secretario y recibió la misma respuesta, pero ya con malestar del mandatario. A partir de ese momento el funcionario perdió todo margen de maniobra con los productores.
A esto hay que sumar que la Sader no sólo despidió o no recontrató a por lo menos el 40% de su personal; con lo que se redujo su capacidad operativa. Adicionalmente ha debido atender los diferentes lineamientos de la Secretaría de la Función Pública que le impide contratar a organizaciones de la sociedad civil y cumplir con enormes requisitos para emplear a operadores de campo.
El Presidente ordenó a la dependencia que a prisa replanteara el esquema de apoyo al campo, con una visión de crear regiones o núcleos productivos, en los que se incorporen productores y prestadores de servicios, que reciban en conjunto los apoyos y se amplifiquen los beneficios.
Paralelamente fueron auditados los padrones de beneficiarios que se tenían bajo los antiguos programas, y se eliminaron a todos los que se consideraron que no requerían los apoyos, fundamentalmente por la cantidad de hectáreas que poseen y también si eran empresarios de gran calado, que también los encontraron.
Todos estos cambios no han terminado de ajustarse, son tan grandes, que llevarán, consideran, varios meses más y poder implementarlos con esa nueva visión sólo se tendría capacidad real, el próximo año.
A pesar de no contar con los elementos y herramientas, uno de los primeros programas que la Sader intentó lanzar fue la entrega de fertilizantes. Debía hacerlo, porque es un recurso indispensable para los campesinos, pero particularmente para la siembra que utilizan para su autoconsumo, por eso les urge tenerlo.
Es tan importante, que de no contar con una buena siembra y cosecha de granos básicos, estaremos en unos meses frente a una posible hambruna en algunas regiones pobres de Guerrero, Oaxaca o Hidalgo, por mencionar algunas entidades.
Otro de los programas que se implementaron fue la entrega de ganado. Ha sido desordenado y tardío, provocando en muchos casos que los animales lleguen enfermos a su destino. Esto es por la falta de operadores en el campo.
Un dato que tendrá consecuencias en unos meses, es que la Secretaría no adquirió las coberturas necesarias para proteger el precio del trigo y maíz. Lo que impactará en el precio y toda la cadena de producción. Además, los apoyos a pescadores tampoco han llegado.
El problema no termina allí. Con todos los recortes de personal y cambios que se han implementado en la Sader, prácticamente la dependencia está paralizada en su operación fundamental: la implementación de la estrategia para el desarrollo.
Los cálculos más conservadores plantean que, siendo ya mitad de año, sólo se ha ejercido el 25% de los recursos de los programas que debían cubrirse. Hay quienes aseguran que es menos, el 20 por ciento.
Esta parálisis en la dependencia por los apretados lineamientos emitidos y la visión tan limitada no estratégica de las áreas productivas y su desarrollo, ha provocado el peor de los efectos: los caciques regionales, algunos de ellos vinculados al crimen organizado, se están apoderando de los granos, los fertilizantes y la operación en general que debía tener el gobierno.
En suma, el sector productivo básico del país está en riesgo, y la primera manifestación de sus consecuencias podría ser una hambruna en varias microrregiones del país.
