Si bien los fenómenos naturales son impredecibles, su efecto dañino en las poblaciones sí puede prevenirse y mitigarse. En estos últimos 10 días las inundaciones, incendios, deslaves y daños por sismos que hemos visto en diferentes entidades del país tienen un denominador común: negligencia y corrupción.
No todo es culpa de esta administración ni sólo del gobierno, también una parte de los habitantes. Pero la administración de Andrés Manuel López Obrador sí tiene posibilidades de comenzar a cambiar lo que se ha hecho mal, porque aunque no podrá resolverlo todo, al no comenzar el cambio de fondo, se convertirá en cómplice, y un cómplice criminal como gobiernos municipales, estatales y federales que le han antecedido.
Aunque debería investigarse en todos los estados si los daños causados por estos eventos climáticos o sísmicos pudieron haberse prevenido, sólo en Hidalgo se revisa la actuación de las autoridades porque el desbordamiento del Río Tula provocó que el Hospital General número 5 quedara bajo el agua y sin energía eléctrica, y desencadenó la muerte de 17 pacientes, 15 de ellos por falta de oxígeno.
La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se justificó hace unos días diciendo que sí alertaron sobre el riesgo de inundación, el problema fue que los médicos no pudieron pedir auxilio para ser asistidos. Pero se le olvida algo a la funcionaria: el propio sistema del gobierno federal, y que rige a todo el Sistema de Protección Civil del país, cuenta con cuatro elementos: Monitoreo puntual del fenómeno, un Sistema de Alerta Temprana, divulgación de las Alertas a través de los medios de comunicación masivos y electrónicos (de forma intensiva por el nivel de riesgo) y asegurar que llegue a la población en peligro con oportunidad a refugiarse.
Esto significa que el último punto, al menos, no se cumplió. No se verificó que no existiera población en riesgo. Pero Laura Velázquez no es la única responsable, es quizá la más visible.
Lo que ocurrió en Tula, que fue histórico, muestra cómo los proyectos de construcción locales y federales deben revisar cómo se construye y dónde, para medir las consecuencias sobre una ciudad y la región. El aumento de las descargas procedentes del estado de México y la Ciudad de México, las nuevas construcciones autorizadas en Hidalgo en años anteriores y la deforestación que no se frena, son las primeras razones que explican que, una lluvia constante que sobrepasó con mucho la media histórica y nacional, tuviera ese impacto.
A esto se suma un empobrecido económicamente Sistema Nacional de Protección Civil, equipos de emergencia sumamente limitados, una planificación estratégica de operación sin tiempo suficiente, y una estrategia de prevención implementada a medias, explica las muertes de ese hospital y los enormes daños.
Algo muy similar muestra el cerro del Chiquihuite en el estado de México. Varios de los habitantes tienen más de seis décadas viviendo allí, y a pesar de ser zona federal a muchos se les regularizó, en un terreno en el que era de alto riesgo por la falla que existe en la Sierra de Guadalupe.
Desde los años 80 las autoridades detectaron por esa zona deslaves de lodo y piedras que pesan toneladas. Pero días antes de la tragedia en la colonia La Presa, a consecuencia de las lluvias y del sismo del 7 de septiembre, en el cerro contiguo al del Chiquihuite un deslizamiento rompió el muro de contención, explicó a IMER Noticias el geólogo Alejandro Salazar Méndez. Esto significa que las autoridades federales y locales debieron revisar la zona, alertar y evacuar a los vecinos, pero no lo hicieron.
No es la naturaleza la que crea los desastres, son los políticos irresponsables o mafiosos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, que no hacen su trabajo y hasta fomentan el clientelismo, aunque se ponga el riesgo a comunidades. La falta de cumplimiento de reglamentos de construcción y las risibles multas a quien no las acata hace responsables a quienes construyen en zonas de riesgo y a quienes toleran su incumplimiento, y aprueban asentamientos irregulares en zonas de riesgo sin ofrecer alternativas a esas poblaciones; el desarrollo de infraestructura que no tiene una dimensión regional; la falta de recursos humanos, económicos y materiales a las áreas de Protección Civil y a cuerpos de emergencia, la falta de combate a la deforestación y de inversión en prevención hace responsables criminales a legisladores locales y federales, a alcaldes, gobernadores y presidentes del pasado y del presente. Por su parte, la academia debiera ser más incisiva y no quedarse en publicaciones y conferencias, y los ciudadanos más conscientes en exigir información, entrenamiento y en actuar en consecuencia.
