La imagen del fuego consumiendo una figura de la ministra Norma Piña simula ser una forma de protesta, pero no lo es, es una perversa provocación. No es algo aislado y ocurrente, sino parte de una diseñada estrategia de polarización. Un distractor para sumar al caos.
El diseño de este plan es atribuible a un pequeño grupo que forma parte del andamiaje ideológico-político del Presidente; sin embargo, muchas de las operaciones que se desatan semana a semana para generar este estado político-social polarizado, no son atribuibles sólo a la 4T, sino a diferentes sectores a los que permite, por un lado, esconder sus incapacidades y prolongar un juego político.
En otros casos están simplemente alimentando su poder político, y generando reacomodos que, en unos años, les permita arrebatar espacios de control de gobierno a los morenistas. Y no hay que descartar intereses económicos nacionales e internacionales.
En este escenario, a diferencia de lo que se cree, los interesados en que en México se acentúe la división y confrontación con un fin predominantemente electoral no sólo se ubican en Palacio Nacional, son los responsables más visibles, pero no los únicos, tienen aliados, además de cómplices voluntarios o involuntarios.
Esto se da en un marco de descomposición constitucional, un ciclo natural tras la pérdida de control de un partido como lo fue el PRI y su aliado el PAN, algo que explica muy bien el libro The Cycles of Constitutional Time de Jack M. Balkin, cuando se refiere al caso estadounidense.
Es así que la polarización es una herramienta que funciona, al principio, a los grupos de poder, pero que generalmente tiene graves consecuencias en las naciones, y lleva a la ingobernabilidad.
Los interesados en inmolar al Poder Judicial de la Federación se ubican también dentro del mismo Poder Judicial, porque les conviene que la ministra Piña fracase. También le resulta más útil a otros grupos de poder político, económicos y hasta criminal, debilitar al órgano obligado a mantener el orden constitucional y debe, con todas sus capacidades, hacer posible una justicia real.
Y es que los partidos de oposición y sectores sociales que nunca tuvieron un verdadero proyecto de nación, y cargan tranzas del pasado, instigan la victimización del Poder Judicial para esconderse y lanzar sus dardos discursivos contra Palacio Nacional, y tratan así de ganar espacios electorales que saben están por perder.
No fomentan una verdadera discusión de los temas sociales ni articulan un cambio. Es tan patético, que no son ni siquiera capaces de presentar demandas serias y sustentadas para combatir el Plan B electoral de Morena.
Otro ejemplo, ¿Cómo beneficia este Estado polarizado y caótico a los gobernadores?, simplemente no son sometidos a escrutinios profundos, constantes y consistentes, porque legisladores (que deberían representar a sus entidades) y medios de comunicación están más enganchados en las mañaneras.
El PRI, por su parte, por ejemplo, está jugando como aliado de esta polarización y aprovecha para negociar, ganar lo que puede y recuperar a sus viejos cuadros. Coahuila es el mejor ejemplo.
La descomposición constitucional-democrática, advierte Balkin, se observa en repúblicas menos representativas y menos dedicadas al bien común, provocada por la creciente desigualdad económica y la pérdida de confianza institucional. La Constitución es el punto de partida para proteger a la democracia, prevenir la corrupción política y los comportamientos autócratas, y eso debiera ser tarea del Poder Judicial, pero suele perder el rumbo en este tipo de crisis y convertirse en parte del problema, señala el autor.
De allí la importancia del papel que juegue el Poder Judicial de la Federación, que no debe asumirse como víctima. Más bien necesita una sacudida; limpiarse y renovarse realmente para no dar cabida a cuestionamientos. Y luego decidir si se dejará usar por grupos de poder, si se sumará a la polarización o si será fuente de una renovación democrática.
