Era 1999 y el entonces candidato Vicente Fox prometió un andamiaje legal que transparentara acciones de gobierno de forma obligatoria y la conservación real de los archivos públicos. La presión social lo obligó, no fue una concesión del panista.
Un personaje que es referencia en la historia política moderna de México fue Adolfo Aguilar Zínser, por su lucha por la justicia, transparencia y democratización del país, y con Fox fue designado Consejero de Seguridad Nacional. La importancia de la transparencia gubernamental era de tal estatura que fue justo él quien anunció que se presentaría la iniciativa que daría vida a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
Aguilar Zínser explicó entonces que el proyecto de ley daba las pautas y condiciones para acceder a los archivos del gobierno; siendo los únicos limitantes la temporalidad, el carácter privado o de seguridad nacional que los documentos pudieran tener. Pero incluso las Fuerzas Armadas y el Cisen debían hacer públicos sus archivos, incluyendo los del pasado.
Se aprobó en abril de 2002 en el Congreso y se publicó el 11 de junio de 2002, instituyéndose el derecho ciudadano a ser informado y los servidores públicos, por primera vez, podrían ser sancionados. Apenas 21 años atrás cobró vida lo que en 1996 la Suprema Corte de Justicia había determinado, a raíz de la histórica investigación del caso de la matanza de Aguas Blancas (Guerrero), el que la información es una garantía individual.
El 25 de octubre de 2002 nació formalmente el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con cinco comisionados, cuatro mujeres y un hombre, que comenzaron haciendo un extraordinario papel. Tenían como misión servir a la sociedad garantizando que todas las dependencias federales hicieran pública la información a la que estaban obligados y atendieran todas las peticiones ciudadanas.
Se fue construyendo todo el andamiaje nacional. Tardaron mucho en aprobarse las legislaciones locales, las últimas hasta 2007 y no todas en sintonía con la federal. Su plena implementación, aún hoy está pendiente. Los gobiernos se resistían y lo siguen haciendo.
Fue hasta junio de 2003 que como ciudadanos pudimos hacer peticiones a las autoridades. Ese primer año, de acuerdo a las estadísticas del IFAI, fueron apenas 24 mil solicitudes las que se presentaron.
Fuimos aprendiendo todos. Al principio la información fluía bajo el principio de máxima publicidad, pero muy pronto las entidades y dependencias se dieron cuenta que la transparencia ponía en evidencia la corrupción y colocaba su actuación bajo la lupa. El propio gobierno de Fox dio un paso atrás.
Poco a poco fue más común leer en las resoluciones “reservado”, “inexistente”, dar la información de manera parcial o cerrarla por 5 hasta 12 años sin una verdadera justificación. Por ejemplo, cerraron 12 años todo lo que el Cisen había elaborado por el levantamiento zapatista de 1994. Llegó 2015, cumplido el plazo, y entonces el engaño: notas periodísticas y un documento ya conocido desde 1994. ¿Ese material fue el que se debía resguardar por razones de seguridad nacional? Nunca lo sabremos.
“Los hilos sólo pueden jalarlos quienes los conocen, y el gobierno de Fox no se atrevió a tomar el control del CISEN y ése es uno de sus grandes errores”, dijo Aguilar Zínser entonces, pero sirve para mostrar lo que pasó en todo el gobierno.
Ese es sólo un ejemplo, porque los órganos de Estado comenzaron así a burlar y burlarse de la sociedad, no todos, pero sí la mayoría y fuera de los primeros comisionados del IFAI (ahora INAI), los que siguieron se volvieron cómplices de ello.
La ley ha sufrido casi una decena de reformas en esos 20 años, algunas para bien, otras han cortado y burocratizado la transparencia.
Los comisionados no han alzado la voz fuerte y sonora, no han puesto denuncias, y por el contrario, hasta antes de que llegara Morena, ayudaban a los gobiernos a no informar. Esa es la realidad.
La lucha de fondo es por recuperar la transparencia real. Y los que están, aunque incompletos, podrían comenzar por denunciar una a una las faltas cometidas desde Calderón y Peña hasta la fecha en la desaparición de archivos y cierre de datos.
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