Las agencias estadounidenses que tienen como parte de su agenda principal el combate al narcotráfico, han centrado sus objetivos en dos grupos criminales mexicanos, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esto no es nuevo salvo porque las últimas operaciones sobre incautaciones de enormes cargamentos de drogas, dinero y armas en su territorio, Centroamérica y México, demuestran que tienen información activa, y eso es gracias a los informantes que han reclutado, y a las operaciones de inteligencia que mantienen desde hace varios años, y que van desde intercepción de mensajes, escuchas telefónicas y vigilancia física.
En esta estructura contra el crimen demuestra que ni la DEA o el FBI ni la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos o de Aduanas, necesitan de México todo el tiempo para lanzarse contra sus objetivos, pero prefieren mantener alianzas que faciliten sus operaciones en el terreno.
Es por eso que, uno de los planteamientos que ha hecho Estados Unidos a México, en el marco de la liberación del general Salvador Cienfuegos, es que el gobierno mexicano tenga entre sus filas a interlocutores válidos para ellos, por el nivel de confiablidad que representan y la capacidad en toma de decisiones.
Y es esta una de las tareas que deberá tener en los primeros lugares de la agenda la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, cuando se incorpore al 100 por ciento en sus tareas. Por ahora, ninguno de sus subsecretarios, ni el general Audomaro Martínez –titular del Centro Nacional de Inteligencia–, ni Francisco Garduño –comisionado del Instituto Nacional de Migración–, son personajes con los que interactúen las agencias estadounidenses y se haya planteado una mecánica de cooperación.
El tema no es sencillo, porque aquellas personas que sean designadas para interactuar con los americanos debe tener el respaldo del gobierno mexicano, la credibilidad, los conocimientos y la capacidad para exigir que a su vez los estadounidenses compartan información que tienen contra grupos criminales mexicanos importantes, funcionarios y exfuncionarios e incluso grupos menores que no interesan a las agencias de ese país, pero para México sí.
Un ejemplo de la magnitud de información que poseen las oficinas del país del norte quedó de nuevo en evidencia en una audiencia celebrada hace unos días en el caso de Iván Reyes Arzate, el exjefe de la Policía Federal detenido en Estados Unidos acusado de proteger y colaborar con cárteles mexicanos. La fiscalía presentó un escrito al juez en el que solicitaba diferir la audiencia que se había fechado para el 18 de noviembre, debido a la pandemia y a que sigue el proceso de negociación para que se declare culpable el exfuncionario mexicano y convertirse en testigo protegido.
Pero hay un apartado muy interesante en el documento y que señala: “El gobierno ha continuado el proceso de recopilación y revisión del descubrimiento de pruebas, para su presentación al acusado, incluidas, más recientemente, una producción voluminosa de comunicaciones electrónicas interceptadas el 12 de noviembre de 2020”.
Es decir, apenas hace unos días obtuvieron más información de las escuchas telefónicas que mantienen activas, y hay que considerar que el caso de Reyes Arzate se vincula con el del exsecretario Genaro García Luna y otros exfuncionarios mexicanos.
Pero además, la fiscalía plantea que requieren los 60 días de aplazamiento porque, entre otras cosas, tendría “capacidad del gobierno para continuar recolectando materiales de descubrimiento para divulgación y reunirse con testigos encarcelados”.
México no tiene una sola de esas pruebas que integran el expediente Reyes Arzate y mucho menos las que se continúan integrando. Es entonces que se hace urgente tener esa interlocución.
