Extraña omisión en PGR

La Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR) son oficinas medulares para mantener la buena salud de la institución, porque con sus investigaciones serias y oportunas, garantizan que los mejores funcionarios laboren en la institución, y al consolidarse como áreas respetadas y reconocidas, su sola existencia debiera obligar a las mejores prácticas de funcionarios. Adriana Campos López, con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público, desde octubre de 2016 encabeza la Visitaduría, que es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de todo el personal sustantivo de la institución. Para sus investigaciones, plantea la Ley Orgánica de la PGR, “tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos o demás auxiliares del Ministerio Público de la Federación, a quienes se realiza una visita, así como a las instalaciones correspondientes y la documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, su reglamento y los acuerdos relativos”. La visitadora puede iniciar sus indagatorias a partir de una denuncia, de sus revisiones en las diferentes áreas o por oficio, esto último significa que, al tener conocimiento de una posible irregularidad o delito, a través de un medio de comunicación, por ejemplo, puede investigar un caso. En el segundo trimestre de este año, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el entonces procurador Raúl Cervantes, a través del titular de SEIDO, Alonso Lira Salas, hicieron dos nombramientos de llamar la atención. A Juan Manuel Campuzano Reyes Retana, lo designaron coordinador general de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), y a Sergio Eduardo Amaro Cervantes, su subalterno como coordinador de área. El primero es primo hermano del abogado del exgobernador César Duarte
—prófugo por delitos electorales y de corrupción—, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana. El segundo es sobrino del ahora exprocurador Cervantes y quien sólo tiene tres años de haber obtenido el título de la licenciatura de Derecho. Como lo publicó ejecentral, es en esa área de la UEIORPIFAM donde se llevan las investigaciones contra el exgobernador de Chihuahua; además de todas las que enfrentan otros exmandatarios estatales, empresarios y políticos, por lo que se convierte en una oficina sensible, que requiere de sus colaboradores un alto perfil de especialización, y sin conflictos de interés. Campuzano Reyes Retana enfrenta, por lo menos, un posible conflicto de interés en el caso de Duarte, el cual tiene bajo su responsabilidad. En el caso del sobrino de Cervantes, podría existir hasta un caso de nepotismo. La Visitaduría, al conocer el caso que se hizo público, debió iniciar de inmediato un expediente para investigar y determinar si existe nepotismo en estos nombramientos, un conflicto de interés que no haya sido planteado en sus declaraciones patrimoniales o incluso un delito ante la manipulación del expediente de César Duarte o de cualquier otro caso para favorecer a los inculpados o hasta proporcionar información vital a los defensores. Pero después de casi un mes, la oficina de Campos López no inició todavía una investigación, aunque podría hacerlo por oficio y no esperar una denuncia. Si bien los números que ofrece la visitadora en su primer informe parecieran espectaculares, pues respecto al año anterior quintuplicó las evaluaciones técnico-jurídicas (de 551 a dos mil 500); triplicó las visitas (de 41 subió a 115), aunque disminuyó en la recepción de quejas y denuncias a menos de la tercera parte (tres mil 165 a mil 176). Lo cierto es que en la parte sustancial se hizo menos: entre 2015 y 2016 se consignaron 156 expedientes, ejercitándose acción penal contra 209 personas; mientras que, de septiembre de 2016 a junio de 2017, se consignaron 53 expedientes y se consignaron a 76 personas. Puede argumentarse que disminuyeron los casos porque hay menos corrupción, pero esto no es así, al menos lo dice el propio diagnóstico que existe de la institución.