En la Procuraduría General de la República de la época de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, y la ahora Fiscalía General de la República de Andrés Manuel López Obrador, simplemente decidieron no actuar de manera legal contra todos los responsables de los actos de abuso y corrupción de la Estela de Luz y de los costosísimos festejos por el bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, organizados por el gobierno de Felipe Calderón.
No se trata de una especulación: un monumento que fue presupuestado para un contrato de 339 millones 215 mil 500 pesos, pero apenas asignado comenzó a aumentar y que sumaba tres veces más (mil 304 millones 900 mil pesos) cuando apenas iba 80 % de la construcción, y cuya manutención cuesta casi tres millones de pesos anuales.
Pero se nos olvida que no sólo fue la triste Estela de Luz. El gobierno de Calderón usó los festejos para dilapidar dinero o alguien o varios se los llevaron a sus bolsillos personales: el Parque Bicentenario en el que sólo se debió gastar 667 millones 600 mil pesos, pero terminó costando más de dos mil millones de pesos. A esto se suma el gasto en el templete del evento de lo que llamaron “Servicio Integral de logística para la Ceremonia de Honores y Traslado de los Restos de los Héroes de la Independencia Nacional” por el que se pagaron dos millones 875 mil 600 mil pesos. Sumemos también la exposición de la Colección de Windsor, expuesta en Palacio Nacional y por la que pagaron más de 100 millones de pesos; la también cara Expo Bicentenario Guanajuato con más de mil millones de pesos. Incluso hay que considerar que varias de las obras y materiales no se entregaron totalmente o a tiempo.
Una cosa más, a la lista de gastos hay que incluir el costo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana (espectáculos, cenas, bailes y demás) en los que se gastaron dos mil 838 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó, en cada una de las acciones y contratos de estos festejos que “no existió una planeación y programación adecuada” y los recursos públicos “no fueron administrados con eficiencia, eficacia y economía”, y los contratos se hicieron casi en general por adjudicación directa sin justificación.
Para lograr que estos miles de millones de pesos, se perdieran en el laberinto burocrático de la administración pública, el gobierno calderonista creó un andamiaje en el que participaron muchas dependencias: Banjército; la filial de Pemex Impulso Inmobiliario Integral Servicios (III Servicios); Turissste; Fonatur, y el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, por ejemplo.
Pero en los distintos comités que aprobaron los contratos participaron representantes de la Función Pública, la SEP, Hacienda, Gobernación y hasta Cancillería.
A pesar de que la ASF provocó el inicio de procedimientos administrativos en la Función Pública y denuncias penales en la PGR, en distintos años del gobierno peñista, sólo se sancionó administrativamente a unos cuantos, y se ordenó detener a otros menos, los aparentemente menos responsables y a los que ni siquiera se ha acreditado algún beneficio personal con las irregularidades que se les imputan.
Eso sí, los fiscales dejaron fuera a los funcionarios responsables, quienes sí autorizaron sobreprecios, obras sin terminar, permitieron los conflictos de interés y demás irregularidades. Es por eso que para el abogado Gabriel Regino, quien representa a los exfuncionarios de III Servicios, se trata de un “encubrimiento de Estado”.
Y cómo no pensarlo, si ni la ASF no dio seguimiento a sus denuncias y en la Función Pública no se sancionó a todos los funcionarios involucrados y los fiscales federales desde 2011 hasta ahora han sido omisos o peor aún cómplices voluntarios de no perseguir a todos los involucrados.
Hace cuatro años el litigante denunció al expresidente Felipe Calderón y a todos los escalones burocráticos posiblemente involucrados en la probable corrupción en construcción de la Estela de Luz, y una de las pruebas que aportó fue la declaración del general responsable del fideicomiso de Banjército que confesó que “recibió presiones de la entonces jefa de la Oficina de la Presidencia para autorizar los pagos de los sobrecostos: Patricia Flores Elizondo”.
El abogado abrió la puerta para que el fiscal Alejandro Gertz Manero llegara mucho más arriba y de forma integral en estos actos, pero después de cinco años no ha hecho nada.
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