Los hechos ocurrieron en 2014, pero se han prolongado hasta el día de hoy, por lo que son dos administraciones las responsables de lo que es una injusticia y bastantes delitos cometidos por funcionarios de la fiscalía de Veracruz, comenzando por sus titulares.
En cinco meses se cumplirán 10 años del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz en Veracruz, a quien sacaron de su casa el 5 de febrero de 2014, y seis días después, el martes 11, las autoridades anunciaron que habían encontrado su cuerpo. Un caso más en impunidad.
Aunque los informes oficiales sostienen que están detenidos una parte de los responsables del crimen, la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (118VG/2023) ha confirmado plenamente que los fiscales y secretarios de seguridad pública de la entidad abusaron de su cargo, junto con un equipo de colaboradores y torturaron a cuatro de los seis detenidos.
Ahora falta por investigar quién los sometió mediante el terror, los golpes, y hasta abuso sexual; y especialmente no se ha investigado a quién o a quienes se protegió con estas acciones.
En este caso, la política del sur de Veracruz estaba directamente vinculada con grupos criminales, también funcionarios encargados de perseguir delincuentes; eso develó el crimen de este joven periodista.
Las investigaciones no han llegado a la médula de lo que ocurrió y esta condición de impunidad deja abierta la puerta para que los ataques contra periodistas se continúen reproduciendo.
Y no sólo los informadores, hasta ahora esa región sureña de la entidad sigue siendo una zona de peligro y miedo, porque ha aumentado el control criminal en la vida de los habitantes, del comercio, de la industria y en cada rincón.
En los meses que restan al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el poder, tendrá que decidir si como parte de su legado permite que la impunidad del caso de Gregorio Jiménez continúe o no.
También tendrá que decidir si permite que el miedo siga siendo una constante ante la presencia de los grupos criminales en el norte y centro de la entidad.
De permitirlo, la cobertura electoral el próximo año, coloca a los periodistas de la región en un riesgo severo.
De hecho, las condiciones de violencia y apoderamiento territorial de los grupos criminales, ante la ausencia del Estado mexicano, se están convirtiendo en espacios que, durante las elecciones, será muy peligrosos para líderes sociales, candidatos y candidatas y, en otro de los espacios de gran relevancia, para los periodistas que cubrirán las elecciones más grandes de la historia del país.
Históricamente durante los procesos electorales, la cobertura acentúa y acrecienta los riesgos para los periodistas. Los intereses que se despiertan, los compromisos y las ambiciones de poder, abren espacios peligrosos que no facilitan el trabajo de medios y reporteros regionales y locales serios. Incluso llegan a quedar en medio de las disputas.
En esta ocasión esos riesgos se avizoran sin precedentes, gravísimos, en donde los grupos criminales y su penetración en las estructuras de gobierno jugarán un papel determinante, aseguran analistas.
Habrá que trabajar mucho, desde ahora, en la protección preventiva, en hacer mapas de riesgos y en coberturas solidarias para que ningún medio sea silenciado y toda la información sea publicada, para que al final del día, los ciudadanos que votarán en 2024 por sus autoridades municipales, estatales y federales tengan toda la información veraz, libre y de calidad, para que puedan elegir por sus autoridades, y también toda la seguridad, sin miedo, para emitir su voto.
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