El relevo en la Suprema Corte es uno de los temas más importantes de la agenda de los próximos días en México, porque forma parte del engranaje de una democracia sana y dará la pauta sobre el camino que seguirá la justicia, y sus instituciones, en los próximos cuatro años
Se trata de una decisión de la que debe asumir su responsabilidad cada uno de las y los ministros con su voto. En todos los países con altos estándares institucionales, una decisión así nace de una profunda reflexión sobre la persona idónea, por su trayectoria personal, por sus resoluciones, su congruencia y visión prospectiva, y también de lo que requiere la institución frente a los desafíos internos y externos.
Equivocadamente se dice en medios y en pasillos que son dos los que tienen “mayores posibilidades” de ganar. Es un rumor que algunos han hecho correr porque les conviene que eso se crea, tratando de inclinar, a priori, los votos; y se deja correr por una profunda ignorancia del Poder Judicial de la Federación y de la Corte, y falta de respeto al resto de los y las candidatas.
No conozco a algún ministro o ministra que se registre para alcanzar la presidencia del Poder Judicial, que crea auténticamente que sus compañeros y compañeras analizaran si le dan su voto o no. Tampoco conozco un caso en la época moderna de la Corte en la que verdaderamente tenga una influencia determinante el Poder Ejecutivo, incide sí, pero no determina.
Así que quienes han hecho creer que dos son los merecedores de la confianza de Palacio Nacional, también faltan a la verdad. Preguntando a muchas fuentes sobre la visión que se tiene desde el Ejecutivo, me han confirmado que si bien les interesa el tema, no están apoyando a alguien en particular.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no cambiará sus críticas ni presiones, porque algunos son ciertos y otros son un distractor. Pero serán sólo los verdaderos resultados los que harán que amainen y no los discursos o la simulación.
Entonces, ¿qué espera del nuevo presidente de la Corte? Lo dijo el 17 de noviembre, alguien honesto, con una dimensión social de la justicia, comprometido con el interés público, y erradicar de verdad la corrupción, no mencionó la idea de género como una condición en su lista.
Entonces el presidente López Obrador no quiere a alguno que se valga de sus relaciones con el Ejecutivo, ni que haya salido en fotos inadecuadas, que no traicione sus principios y que lo respalden la congruencia de sus fallos y acciones, no de ahora, de siempre.
De esos cinco ministros, habría que preguntar quiénes conocen realmente los problemas cotidianos de jueces y magistrados, los retos profundos de la defensoría o si han visitado los centros de justicia del país. También si han revisado qué tanto se avanzó en comprender y combatir de fondo la corrupción, por acción u omisión, y cuál es el verdadero mapa de la justicia federal en el país. No todos esos cinco tendrán respuesta a esto.
Hoy día hay una judicatura federal dividida y hasta fracturada. Se requiere juzgadores y juzgadoras sólidos y honestos, pero que se sepan apoyados y no perseguidos. No son los malos en el andamiaje de la justicia, como cada semana el subsecretario Ricardo Mejía los exhibe; pero es cierto que hay muchos casos que es indispensable cambiar, pero también desde la Fiscalía, la Guardia Nacional y mucho más de las autoridades locales.
En este contexto, entre los jueces y magistrados, esos que hacen posible la justicia o no en este país, y que para decidir su fallo deben mirar a los ojos a víctimas y culpables, se sorprendieron mucho, y para bien, de los planes de trabajo de tres de los ministros, Norma Piña, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán. Algo similar ocurrió en varias áreas del Ejecutivo.
El Poder Judicial de la Federación necesita y merece que lo presida una persona con gran estatura de miras, mesurado y que no politice, y tampoco se rinda ante algún otro poder.
