De los 15 estados de la República en los que se elegirán gubernaturas, hay ocho en los que las oficinas de inteligencia identifican situaciones preocupantes. Esta clasificación incluye desde grupos antagónicos radicalizados hasta la participación directa del crimen organizado en los procesos electorales.
De las 28 entidades en las que se votará por autoridades municipales, en más de la mitad se consideran escenarios de alto riesgo por la intervención directa de grupos de poder, entre ellos organizaciones criminales con capacidad de intimidar y presionar a la población para inclinar su voto hacia determinado candidato o candidata.
Los especialistas advierten que la pandemia será un factor que impedirá un monitoreo y una vigilancia adecuada sobre estos municipios que se ubican en estados como Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Oaxaca.
Aunque los documentos de análisis no incluyen recomendaciones, distintas fuentes consideran que este es el momento de intervenir, porque se corre el riesgo, siendo las elecciones más grandes de la historia, que algunos grupos de poder, especialmente del crimen organizado, ahora sí incrusten en un número nunca antes visto a personajes a su servicio, que respondan a sus intereses en puestos de elección.
Una estrategia adecuada, explican, sería contar ya con un grupo especial que responda directamente al Presidente y que éste lo escuche. Que tenga un diagnóstico pormenorizado de cada uno de los estados. En ese documento deben incluirse las amenazas y riesgos, considerando uno de ellos los antecedentes de cada uno de los candidatos, para frenar la participación de personajes claramente al servicio de estos grupos.
Se trata de un equipo multidisciplinario, pero encabezado por especialistas en seguridad nacional, con experiencia y calidad moral, y que deberá construir los escenarios de riesgo para trabajar con las autoridades electorales y locales en medidas de prevención o contención.
La consultora Integralia publicó los primeros días de febrero su análisis sobre violencia política en México y concluyó que desde septiembre, cuando inició legalmente el proceso electoral, y hasta el 31 de enero pasado, tan sólo en 153 días, ocurrieron un total de 73 incidentes de violencia política que involucraron a 88 víctimas, de las cuales 64 fueron asesinadas, como funcionarios o exfuncionarios municipales, estatales o federales, activistas, periodistas, legisladores, entre otros. Estos números convierten ya, a este proceso electoral, en el más violento.
Las oficinas de inteligencia plantean un escenario peor en los poco más de tres meses que quedan del proceso electoral. Será una oportunidad, advierten, para que grupos de interés generen espacios de inestabilidad que pueden ampliar los espacios de ingobernabilidad que ya existen.
Los estados más visibles, en los que ocurre una lucha muy agresiva y abierta, son Jalisco y Guanajuato, pero las peleas por espacios políticos-criminales se está lidiando en la tercera parte del territorio, en donde las autoridades locales están siendo incapaces de tener el control, ante la ausencia de información de inteligencia y capacidad operativa. Aunado a que el gobierno federal, que carece de un diagnóstico detallado y confiable que avale el gabinete de seguridad, no ha considerado la gravedad de lo que ocurre y desde Palacio Nacional y la Fiscalía General de la República se han reducido los sucesos a acciones en el ámbito de la inseguridad local sin colocarlo en una óptica de un riesgo para la gobernabilidad presente o futura.
En esos dos estados de la zona del Bajío, Jalisco y Guanajuato, el descontrol es visible por las rupturas políticas y criminales, pero en otros estados, donde la confrontación se muestra con un menor perfil, ofrece riesgos idénticos.
