Esto ocurrió hace exactamente 10 años. Una decena de hombres con armas largas, algunos de ellos sin uniformes y sin autorización para ingresar a la zona de plataformas del Aeropuerto de la Ciudad de México, corrieron desde el hangar de la Policía Federal hasta la posición 52 de la terminal y retuvieron por más de dos horas un vuelo de Aeroméxico (AM-695 con matrícula XA-JOY) procedente de Venezuela y violentaron la “seguridad operacional” de la terminal aérea poniendo en riesgo a los pasajeros y personal, reconoció la entonces Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El caso no fue menor, la justificación de ese improvisado operativo policiaco y del personal del SAT fue el que recibieron una información anónima sobre un cargamento de drogas. Pero no verificaron la información. Los pasajeros se quejaron del trato abusivo de los civiles armados, que hasta tiempo después se identificaron como agentes, porque colocaron sus maletas en plena plataforma, junto al avión y las comenzaron a revisar, sin ningún protocolo; lo mismo al subir a la aeronave con un perro y revisaron el equipaje de mano de los viajeros.
Y hubo más, uno de los policías, con arma larga lista, pasó por debajo del fuselaje de otra aeronave de Delta, que se preparaba para volar a Estados Unidos y que en ese momento se le abastecía de combustible, por lo que está prohibido un movimiento así. La aerolínea se quejó por el riesgo.
Pocos días después, la CNS a cargo en ese momento de Manuel Mondragón y Kalb, emitió un comunicado anunciando que suspendía a sus agentes y los sometía a investigación, pues violaron múltiples protocolos de seguridad, no actuaron de manera coordinada, “no tomaron en cuenta el Programa de Seguridad del AICM así como las leyes involucradas en la materia”.
Uno de los personajes que estuvo a cargo de este operativo y que fue suspendido era Eduardo Francisco Rodríguez Martínez, entonces director general de Investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.
No se trataba de un agente primerizo, que no conociera la tarea policial. De acuerdo a su currículum oficial es abogado y había pasado ocho años en la Procuraduría General de Justicia de Baja California y en Seguridad Pública de la entidad, haciendo varios trabajos, pasó de ser perito a policía ministerial y luego subdirector y director de seguridad pública (en este último cargo sólo 10 meses).
Sumaba tres años (2007-2010) en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en varios cargos hasta ser director adjunto. Brincó a la cancillería a la Oficialía Mayor, pero sólo estuvo unos meses y luego llegó a la entonces Procuraduría General de la República, en el Órgano Interno de Control, donde tampoco completó el año.
Otro brinco fue al desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde estuvo menos de dos años y regresó a la Policía Federal, y fue desde donde fue cesado por esa operación.
En su carrera, hace una década, Rodríguez Martínez se topó con Ramón Pequeño, ahora perseguido en Estados Unidos por narcotráfico, quien debía tener en su responsabilidad la seguridad de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, antes de que se fugara por segunda vez, y fue uno de los colaboradores cercanos de Genaro García Luna. Trabajaron juntos y de hecho le permitió permanecer en la Policía Federal y con su apoyo en la policía federal ministerial.
Este personaje, también fue acusado de tortura por Felipe Rodríguez Salgado, señalado como sicario de Guerreros Unidos y hoy considerado víctima en el caso Ayotzinapa.
A pesar de sus relaciones, sus antecedentes y acusaciones, Rodríguez Martínez es testigo estrella del fiscal Rosendo Gómez Piedra y lo más extraño es que no se le ha pedido que confiese su responsabilidad en el caso de tortura, y aún así le ofrecieron un criterio de oportunidad y es testigo, con el permiso de seguir trabajando como agente. Sirve como arma perfecta para la confusión y las venganzas de algunos grupos, que mencionábamos en este espacio la semana pasada.
