A partir de la desconfianza que existe con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Inteligencia y hasta del Ejército, la presencia de agentes estadounidenses se fue incrementando desde hace poco más de un año.
Oficialmente en el país había unos 50 agentes desplegados en el territorio, para tareas de cooperación, desde entrenamiento, intercambio de información, apoyo de equipo, y varias tareas de interés para los dos países, al menos eso establecen los acuerdos. Se trata de representantes del FBI, la DEA, Migración o del Departamento de Justicia, por ejemplo, que despachan desde oficinas en la frontera norte o en Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y algunas otras entidades.
Sin embargo ese número se duplicó, y hay funcionarios del gobierno federal que aseguran que es aún más el número, quizá el triple. Lo interesante es que no necesariamente trabajan en las oficinas formales del gobierno de Estados Unidos, sino son empresarios, jubilados o asesores de empresas o cualquier trabajo que les dé una cobertura para su estancia real.
Lo importante de su presencia es que están observando e investigando, en distintos estados del país, los temas que son de su interés. En este año, por ejemplo, han dedicado gran cantidad de su tiempo en las elecciones que se celebrarán el próximo junio, aseguran funcionarios que conocen del tema desde México. También están atendiendo temas de seguridad migratoria, investigando autoridades locales, aduanales y la seguridad sobre inversiones estadounidenses y, por supuesto, la presencia rusa y china, en el país.
Incluso tienen en observación la llegada de ucranianos para evitar una infiltración. En este tema de las familias que llegan a México huyendo de la guerra, el gobierno estadounidense solicitó al mexicano el ingreso de estas personas que, por su origen son consideradas sensibles para las leyes mexicanas. Sin embargo, las autoridades de nuestro país están permitiendo su ingreso, no sólo por una actitud de buena vecindad, sino por la petición estadounidense, quienes se comprometieron a ingresarlos a su país, con visas especiales, pero con la condición que el gobierno americano tuviera la certeza de que se trata de personajes de bajo riesgo y de quienes ellos se harían cargo.
En cuanto a las elecciones en México, el interés estadounidense es porque ha identificado, por primera vez con nombre y apellido, la participación directa de que los grupos criminales tengan distintos candidatos, incluso para gobernador, como el caso de Tamaulipas. Esto podría parecer que ya se ha dicho, pero la escala que desde los ojos estadounidense tiene la participación de los cárteles es, aseguran, es como nunca antes.
Los gobiernos en el pasado, conocidos hasta ahora como vinculados con narcotraficantes, como de Nayarit, Tamaulipas y Quintana Roo, ocurrió su relación ya en el poder, no fueron elegidos, impulsados, financiados ni definieron equipos de campaña o los equipos de funcionarios que les piensan poner. Es decir, antes la relación real se dio cuando ya estaban en el poder, ahora es previa y sería para tomar el control de entidades.
Alguna de esta información ha llegado a la Secretaría de Gobernación y a Fuerzas Armadas, y hay tensión en el gobierno federal. Hay quienes aseguran desde el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador que algunas de sus declaraciones sobre la intromisión estadounidense obedecen a eso a las tensiones.
Pero el efecto ha sido contrario. Los mensajes que manda, la forma en que lo hace, están aumentando las tensiones. Del otro lado, del estadounidense, los mensajes están subiendo de tono y seguirán, cada vez más constantes, porque no se logra tener un puente confiable entre ambos gobiernos, y las actitudes y declaraciones de López Obrador no se comprenden del otro lado. Los próximos tres meses serán clave.
