El ejercicio periodístico no debe gozar de privilegios ni de impunidad, tampoco debe victimizarse. La libertad de expresión es un derecho social, el cual se lo apropia el periodismo para servir a la sociedad, porque es el vehículo idóneo para que las personas puedan tomar decisiones a partir de información libre, veraz y honesta, lo que en suma fortalece la democracia.
En México hemos vivido, desde hace más de una década, un achicamiento del derecho a informar y a ser informado. El principal responsable de esto fueron los criminales que con amenazas, asesinatos y desapariciones lograron acallar regiones enteras de este país; aunque la responsabilidad del Estado en este caso no ha sido menor, pues la Constitución le obliga a garantizar la seguridad de los ciudadanos, y del ejercicio libre del periodismo, y no lo hizo ni lo ha hecho.
En épocas recientes, al empoderamiento de los grupos criminales se ha sumado un nuevo actor contra el periodismo: las denuncias por la supuesta mala utilización de datos personales. Es tan grave esto que hace unas semanas un funcionario del Instituto Nacional de Transparencia me comentó que les preocupaba mucho este crecimiento, porque podría convertirse en una forma de ataque indirecto a la libertad de expresión y muchos actores hacer mal uso de este recurso como ya parecía que lo estaban haciendo, me confesó.
Cuando entran en conflicto dos derechos debe hacerse un análisis muy profundo sobre cuál debe ponderarse. En el ámbito internacional la discusión se centra en este momento es que es indispensable una libertad de expresión y un derecho a la información fuerte y robusto. Hace falta apropiarse de esa discusión en nuestro país.
Este miércoles, el periodista Carlos Loret recibió de la Secretaría de la Función Pública la “solicitud” de colaboración para entregar en siete días hábiles “copia certificada de toda la documentación con que cuente”, audios, videos y/o videograbaciones que tenga sobre Black Cube.
Se trata de un oficio mal redactado y mal fundado, porque al revisar los artículos de la Constitución y las leyes secundarias prácticamente ninguna da soporte a esta petición.
Si bien el periodismo no es ajeno a colaborar con las autoridades y, por el contrario, es su responsabilidad hacerlo, el cómo se haga esto transita por una línea muy delgada entre la presión y el servicio al que está obligada esta profesión.
Los materiales que solicita la Secretaría de la Función Pública se encuentran en expedientes de Estados Unidos, los cuales tienen la obligación de solicitar los investigadores mexicanos. Los periodistas no pueden certificar documentos como pretende la dependencia federal, lo que habla de un enorme desconocimiento de esta profesión.
Pero lo más grave es que pretenda obtener audios y videos, porque eso sería revelar las fuentes, algo de lo que está legalmente impedida cualquier autoridad.
El último recurso de los investigadores debe ser el solicitar la comparecencia, en cualquiera de sus formas, a un periodista, y éste sólo puede ratificar lo que publicó, no enviarle las pruebas certificadas a la autoridad.
La forma en que hizo su petición la Función Pública es peligrosa y nos debe alertar, para que no se convierta en algo normal, no lo es. Ya lo han advertido en otras experiencias internacionales y la Corte Interamericana plantea, el que este tipo de acciones pueden provocar “un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor” sobre los que ejercen el periodismo y al mismo tiempo tiene otra consecuencia, impide el debate público sobre temas de interés para la sociedad.
