La Suprema Corte libra una de sus más importantes batallas de los últimos tiempos, en la que se juega su credibilidad y su papel verdaderamente constitucional e independencia, sin estar al servicio de otro Poder.
Si bien el máximo órgano de justicia del país ha transitado por varios momentos difíciles desde su reestructuración en 1994-1995, el de ahora se presenta como uno de los momentos críticos, porque adicionalmente el entorno del país es adverso para la justicia.
Las voces que desde el interior cuestionan severamente el actuar del ministro presidente Arturo Zaldívar, y parte de su equipo, provienen de jueces y magistrados, al mismo tiempo que sindicalizados. Aunque el argumento para tratar de anular esas críticas es que se está combatiendo la corrupción interna, y en una parte es cierto, hay otra parte de la realidad de la que el ministro deberá explicar.
Adicionalmente, la posición en la que algunos integrantes de la Corte han colocado al máximo tribunal, de cara al Poder Ejecutivo, ha socavado la confianza entre sus integrantes. Si bien no se trata de que todos estén de acuerdo, tampoco pueden olvidar en su actuar que los 11 suman la representación de un Poder de la Unión.
Algunos casos que, en han ido mermando el liderazgo del ministro Zaldívar, por ejemplo, es el fraude cometido el año pasado en el examen para jueces. Después de conocerse que una gran parte hizo trampa, incluso utilizando ingenieros para violentar la frágil seguridad de la prueba, hasta ahora los ministros no conocen los resultados de las investigaciones, no fueron removidos todos los funcionarios responsables ni siquiera se canceló todo ni se dieron explicaciones de lo ocurrido. Entre los jueces y magistrados se asegura que no se hizo un nuevo examen porque al equipo del presidente de la Corte le interesaba dejar a varios de sus piezas.
Ahora, que debería haber salido el proceso de selección para convertirse en magistrado o magistrada, la convocatoria no ha salido, aunque debió ocurrir desde enero para concluirlo en junio los exámenes.
En las oficinas jurisdiccionales se asegura que varios funcionarios y funcionarias que estaban de comisión en el Consejo de la Judicatura Federal, regresaron a sus cargos, para que cumplan con el requisito de antigüedad judicial que exige el proceso, por eso se está retrasando el proceso y se espera que inicie entre junio y julio, lo que le permitirá al equipo de el presidente Zaldívar operar la mayor parte de este trámite, y sólo dejar los resultados a su sucesor, ya sin poder hacer nada. Es decir, el personal judicial no confía ya en un proceso limpio y justo.
Pero eso no es lo único, coincidentemente después de que se diera a conocer que a partir de una denuncia anónima la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción cometidos por funcionarios nombrados y muy cercanos al ministro Zaldívar, en cuanto se cerró la carpeta comenzaron a imponer sanciones que tenían rezagadas contra jueces y magistrados, lo que fue interpretado como la venganza ante la sospecha de que esa denuncia anónima surgió desde las oficinas jurisdiccionales, porque no se abatió el también rezago que tiene el Consejo de la Judicatura Federal de las cerca de 300 ratificaciones de jueces y magistrados.
Por cierto, esa denuncia anónima llegó también a otras áreas, a la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, en donde se desconoce el curso que siguió el caso, porque se ha convertido en un agujero negro esa dependencia para investigar y sancionar.
En el caso de los sindicalizados, que es otro de los frentes abiertos y en el que al final el ministro Zaldívar, aseguran, no limpió de corrupción, también están molestos y dispuestos a presionar su gestión.
Pero lo más difícil de subsanar será, la confianza interna, el nivel de argumentación jurídica de la Corte y con ello su independencia, pues son varios los proyectos los que reflejan, aseguran estudiosos y conocedores (que incluso son aliados de la 4T), que cuestionan su calidad.
