Las quejas y advertencias llegaron hasta Palacio Nacional desde la Fiscalía General de la República, no fue una vez, fueron insistentes desde principios de este año, sobre el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
El presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó y poco a poco se fue interesando en lo que pasaba con el GIEI.
La confirmación para el mandatario llegó desde la Secretaría de Gobernación, sobre cómo ese grupo (proveniente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al que México le paga todos sus gastos de llegada y estancia, y se le facilita el acceso a instalaciones y documentos) estaba llevando su propia agenda, junto con el fiscal Omar Gómez Trejo, y que eso incluía golpes al gobierno sin diálogo previo.
Aunque la oficina del fiscal Alejandro Gertz Manero se mantuvo alejado de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; sin embargo, le gustaba estar informado sobre los movimientos de su titular y tener control. Sabía de las personas que acudían a declarar, los viajes que realizaba, y algunas de las reuniones que se sostenían, pero no por Gómez Trejo, sino por personal que los vigilaba. Pero cada vez menos conocía de avances o detalles, mucho menos de aspectos sensibles. La UEILCA estaba construyendo un muro ante la desconfianza mutua. Ni siquiera se le comentaba a Gertz lo importante, se quejaba. “No cumplían con la atención de informarle”, relata una fuente.
Este malestar se acentuó desde 2020 y fue aumentando paulatinamente, hasta que se convirtió en una confrontación directa en este año.
En el diseño y ejecución de la estrategia narrativa, en cuanto a que está confirmado de que Ayotzinapa se trató de un crimen de Estado, participó directamente el GIEI, especialmente Carlos Beristain.
Desde 2020 comenzaron a obtener los testimonios de los integrantes de Guerreros Unidos que iban dirigidos a probar la responsabilidad del Estado. Y arrancó en su última fase este año, con los interrogatorios de exservidores públicos de Guerrero y de la extinta PGR, en los que participó directamente Berinstain. El siguiente paso fue acusar penalmente a esos funcionarios públicos por segmentos, hasta llegar al exprocurador Jesús Murillo Karam, y a los mandos militares.
El grupo de expertos, junto con las organizaciones sociales, tuvieron desde el inicio en la mira a las autoridades federales como cómplices en el caso Ayotzinapa. En estos más de tres años destinaron mucho tiempo para demostrar que gran parte de las investigaciones en la gestión de Enrique Peña Nieto era un fracaso, y que había complicidad en los ataques a los normalistas por parte de instituciones y funcionarios estatales y federales.
Para lograrlo, no importó transar con los criminales más crueles de Guerreros Unidos, ni que el eje de las imputaciones fueran sus declaraciones, aunque no coincidieran con otros testimonios, ni se reforzaran con otras pruebas, que no dejaran lugar a la menor duda sobre la responsabilidad criminal de las autoridades.
El personaje central de esta estrategia fue el subsecretario Alejandro Encinas, que entregó toda su confianza en el GIEI y en el fiscal Gómez Trejo; ello lo enfrentó a Gertz Manero. El funcionario de Gobernación es el reducto perfecto para contar con el apoyo del presidente López Obrador y con ello la inmunidad contra el fiscal general.
El mandatario acrecentó este año sus exigencias para tener resultados en el caso, y el GIEI contaba con su apoyo, hasta que aumentaron las filtraciones selectivas a medios de comunicación, que buscaban tejer la percepción de la responsabilidad de militares en la desaparición de los normalistas y del Estado. Sin mostrar pruebas completas.
Pero en marzo de este año, cuando el GIEI dio a conocer el video de la Marina, con el que dedujeron que los elementos de esa institución alteraron el basurero de Cocula (donde habrían sido calcinados los estudiantes en septiembre de 2014), sin ofrecer más pruebas. El presidente ya no confió en ellos, por la forma en que lo hicieron y continuaron operando.
Hace unos días comentó internamente que veía otros intereses en el GIEI.
