Se hace indispensable hablar de Ayotzinapa, no sólo por la relevancia del caso y el parteaguas que representó en la vida social, legal y política del país, sino porque es una de las puertas que tiene este gobierno para recuperar las institucionalidad y gobernabilidad.
Esta semana ocurrieron dos hechos muy interesantes. El más reciente fue la detención de Neftalí Pérez de Jesús, que formaba parte del llamado grupo de Los Bélicos, el brazo armado de Guerreros Unidos integrado a la Policía Municipal. Su papel, la participación directa en el traslado de un grupo de estudiantes y que entregó a sicarios del cártel. Así que es un personaje que mucho tendrá que aportar y que por muchos delitos puede ser juzgado. Veremos si lo logran las autoridades.
El segundo hecho fue que un juez otorgó dos amparos a favor del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Si bien no debe ser para asustarse, porque sólo se tienen que reponer unas pruebas y luego el juez evaluará si les dicta de nuevo auto de formal prisión, y existen demasiadas pruebas de la participación del matrimonio Abarca en el engranaje de corrupción en Iguala.
Lo interesante es que la oficina encargada del caso, que dirige Omar Gómez Trejo, no hubiera podido frenar esa resolución ofreciendo los elementos para ello. Habla de descuido.
No sólo indolencia al seguir un procedimiento, sino porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que se debían fortalecer las pruebas contra el matrimonio, pero especialmente interrogarlos a fondo, porque tienen mucho que aportar.
Es este punto donde reside lo importante de este caso. Ayotzinapa no sólo evidenció el accionar de grupos criminales en Guerrero para desaparecer personas, sino el patrón de violencia y control territorial que desde el gobierno de Felipe Calderón se instauró en el país por parte de los cárteles. Nunca fueron 43, sino que los 43 normalistas evidenciaron los 60 mil o 100 mil desaparecidos, y se siguen sumando.
Puso también al descubierto cómo esas organizaciones criminales se apoderaron de instituciones municipales y las controlaban, incluso con sus propios ejércitos armados que se hacían pasar como policías, en este caso Los Bélicos. Algo que ocurrió y ocurre en gran parte del país.
Además esos grupos sedujeron a militares, policías federales y estatales que los dejaban hacer en toda esa región sin reportar a sus superiores. Pero eso no sólo ocurría en Guerrero, sino en una franja muy grande del país.
La desaparición de los normalistas no dejó duda alguna del apoderamiento del aparato económico de las diferentes regiones por parte de los cárteles. No se trata sólo de lo ilegal, drogas y armas; sino del sistema de transporte colectivo y de carga, centros comerciales, producción de ganado y por supuesto las minas. Esta toma de control no sólo ocurrió en territorio guerrerense, sino en gran parte del país, gracias a la guerra de Felipe Calderón y a la inacción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En las últimas semanas se han registrado una serie de asesinatos en Iguala, Huitzuco, Apetlanca y otros municipios de la región, los pobladores siguen denunciando presiones de los grupos criminales y pago por derecho de piso para poder sembrar, tener animales, y explotar las minas, por ejemplo. Guerreros Unidos y ahora Los Tlacos, siguen operando, y después de tantos años investigando nada ha cambiado en realidad.
No ha dimensionado el fiscal Gómez Trejo que no se trata sólo de resolver el caso Ayotzinapa encontrando a los 40 normalistas que faltan. Sino cómo se recupera la institucionalidad y gobernabilidad de esa región y, en consecuencia, de todo el país. Por eso no se puede negociar con los delincuentes ni tampoco aceptar que ya no se les puede juzgar. Los documentos que forman parte del expediente y de la Recomendación de la CNDH pueden encontrar enormes elementos para lograrlo, pero parece que no quieren.
En cambio, pretenden llevar el caso hacia la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, esa es su meta y el fiscal Alejandro Gertz Manero, la secretaria Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas quedarán atrapado en ello, comprometiendo al Presidente.
Sí hubo responsabilidad del Ejército, de la Policía Federal (algunos agentes activamente), de la entonces Procuraduría General de la República y hasta del Cisen, y que deberán asumirla: omisiones previas que impidieron alertar que un grupo criminal había tomado el control de la cuarta parte del estado de Guerrero.
