Este jueves en Morelia se llevará a cabo una manifestación ciudadana para exigir que retorne la seguridad en la zona suroeste del estado, particularmente en Aguililla, el espacio de conflicto más visible ahora, pero no el único en esa región de la entidad. Esta movilización estará bajo observación de las áreas de inteligencia para identificar si aparecen líderes de los grupos criminales y su capacidad de movilidad en la capital de la entidad.
Los informes hechos llegar a Palacio Nacional hablan de la descomposición de la zona, por la mezcla de intereses que involucra a habitantes con grupos políticos y del narcotráfico. El fondo: la pelea es por la riqueza del territorio. Sus zonas de cultivo legales e ilegales, la minería y el ecosistema. La violencia, aseguran, es el perfecto distractor, mientras los grupos se apoderan del territorio, desplazan a los habitantes honestos o los someten.
Los análisis elaborados por las áreas de Seguridad Nacional sostienen que el deterioro que provocó primero el gobierno de Felipe Calderón y luego la estrategia en la administración de Enrique Peña Nieto, a través de su comisionado Alfredo Castillo—que pactó con grupos criminales—, produjo una zona de caos en el que ganaron terreno los grupos más poderosos.
En este conflicto el Ejército quedó atrapado. No sólo por los constantes ataques a su base militar en Aguililla, donde no hay más de mil efectivos miliares, sino porque no puede lanzar una operación que desarticule a estos grupos sin que en el camino sea acusado de violar los derechos humanos.
De acuerdo con documentos federales, en prácticamente todas las movilizaciones contra esa base militar existe presencia de líderes de las organizaciones criminales, quienes tienen como una de sus estrategias movilizar a un grupo importante de ciudadanos que son sus aliados al sentirse protegidos.
Los drones que han lanzado explosivos contra unidades militares, han contado con el apoyo de jóvenes halcones que vigilan los movimientos, sostienen los informes.
Uno de los investigadores asegura que lo que se pretende es desacreditar al Ejército, para inmovilizarlo, y luego obligarlo a salir de la zona, para apoderarse totalmente estos grupos del territorio.
A esta estrategia se suman mantas, notas pagadas, manejo de redes sociales y mensajes de WhatsApp, mostrando la incapacidad de las Fuerzas Armadas por defender a la sociedad.
Pero es que es cierto que no cuentan con información tan precisa sobre la cantidad de habitantes que tiene por aliados, ni de las operaciones que llevan en la zona montañosa, de cultivos y de minas (legales e ilegales), porque la movilidad del Ejército ya ha quedado muy reducida.
Pero la información que sí se tiene es que hasta Michoacán, Guanajuato y Guerrero, han llegado cargamentos de armas de alto poder, lo que avizora un escenario violento. Incluso es posible que se generen escenarios de desestabilización en toda esa región, así lo consideran los investigadores.
Una de las opciones es lanzar una gran operación que destruya los corredores de trasiego que nutre a los grupos criminales y que les permite sacar la mercancía al puerto, especialmente los minerales y por carreteras las drogas, por ejemplo; así como nutrirse de toda clase de insumos. También desactivar las minas clandestinas, los campos de entrenamiento, la explotación de recursos y demás beneficios. Pero si no es exitoso, la reacción puede ser sumamente virulenta, sin importar la población civil, de acuerdo a los cálculos. El presidente Andrés Manuel López Obrador no lo considera una opción. Sólo que el Ejército está siendo llevado a un punto crítico, en el que no sólo pierde fortaleza y credibilidad, sino capacidad.
Nadie dentro del gabinete ha presentado alternativas para recuperar el territorio que dejó perder Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que después de tres años no ha diseñado una forma de recuperar López Obrador. Si bien en gran medida es un tema federal, el gobernador Silvano Aureoles tampoco hizo la parte que le tocaba.
