El pasado 5 de septiembre se cumplieron nueve años de la detención de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, sentenciada a 22 años de cárcel por el caso Solid Gold. Sin pruebas, alguna denuncia en su contra o una orden de aprehensión, Claudia Ivonne es la única detenida por la existencia de una red de trata de personas y explotación sexual que ella denunció como exempleada.
Su caso ha sido documentado e investigado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y refleja una serie de irregularidades, omisiones, abusos e incluso tortura y malos tratos. Además de ser la única señalada, su hija también fue víctima, pues la detención de Claudia Ivonne ocurrió cuando tenía cinco meses de embarazo, en septiembre de 2013.
En entrevista con ejecentral, Claudia Ivonne relata que pese a las injusticias y anomalías en su proceso, y que han sido expuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de Palacio Nacional, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) es omiso en entregar la información que certifique las vejaciones y tortura durante su paso por penales federales.
Golpes, falta de medicamentos y atención médica, agresiones e incomunicación, al grado de negarle el alimento e insumos básicos para ella y su hija recién nacida, pero además despojarla de su matriz —sin su consentimiento— son algunos hechos revelados cuando le practicaron el Protocolo de Estambul para documentar y certificar tortura, castigos y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“En diciembre (de 2021) me hicieron el protocolo de Estambul, pero no lo han resuelto porque el Órgano Desconcentrado no ha mandado mi expediente clínico. A la fecha no terminan por mandarlo y la Fiscalía (General de la República) ha hecho varios requerimientos (...) Con esos documentos se puede dictaminar el protocolo de Estambul, pero no avanza”, lamentó Sánchez Mayorga, desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Parálisis institucional
En lo que va del año, las injusticias que ha denunciado han sido mencionadas al presidente López Obrador en sus conferencias matutinas del 15 de febrero, 12 de mayo, 6 de julio y recientemente en la del 6 de septiembre, justo un día después del noveno aniversario de la privación de la libertad de Claudia Ivonne.
“En lo que corresponde a nosotros, en lo que podamos ayudar, siendo respetuosos de la autonomía de la fiscalía (FGR) y, desde luego, del Poder Judicial, pero hay voluntad en los dos casos, tenemos buenas relaciones con el presidente de la Corte para atender estos asuntos; más, si él (ministro Arturo Zaldívar) se comprometió a resolverlo”, señaló el mandatario el martes pasado.
Pese a la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Presidente de la República, para Claudia ha sido eterno lograr que las autoridades del OADPRS ayuden a comprobar la tortura y tratos crueles que vivió con la entrega de la documentación solicitada, pues sigue atorado tras 10 meses. Y no sólo eso, también lo referente a las autoridades judiciales encargadas de revisar la apelación contra la segunda sentencia a 22 años de cárcel que recibió en junio pasado, pues asegura que ha demostrado que no cometió el delito de beneficio de la explotación sexual ajena, el único por el que fue procesada y que no se le ha podido comprobar.
Asunto político
“Que me juzguen conforme a derecho y yo estoy libre, absuelta. No hay elementos jurídicos”, aseguró Claudia Ivonne al señalar que el delito por el que fue sentenciada no hay nadie que la acuse o se lo atribuya directamente a ella, pues de las cinco supuestas víctimas que la acusaban, luego de que se ordenó la reposición del procedimiento, en la segunda sentencia sólo ponen a dos supuestas víctimas y que el ministerio público no comprobó que esas víctimas pertenecían a la misma indagatoria.
“¡Qué terrible después de nueve años! Cuando un juez me dio un auto de formal prisión, otro juez confirma ese auto de formal prisión y siguen con las mismas supuestas víctimas. Hoy solo una colombiana y una venezolana son las supuestas víctimas que se dedicaron a hacer declaraciones a modo, inducidas, contradictorias”, acusa Claudia Ivonne, pues asegura que al seguir presa, sin las suficientes pruebas y con las violaciones al debido proceso, sólo puede deberse a un asunto político.
Detrás de su caso, acusa Claudia Ivonne, “están las activistas Rosi Orozco y Teresa Ulloa”. En defensa de las supuestas víctimas de trata, “Tere Ulloa me pidió cuatro millones y medio de pesos como reparación del daño, porque a ella le tocaba 10% por acompañamiento de una de las víctimas, y hasta declaró que en mi casa habían encontrado ¡cinco relojes Rolex! ¿Dónde están los Rolex?, dónde están las víctimas que me acusan”.
Recuento de daños
Superar las adversidades y abusos que ha ido acumulando Claudia Ivonne, detenida con cinco meses de embarazo, en su casa por agentes de la entonces Seido que irrumpieron “con lujo de violencia” y robaron cosas de valor —incluyendo su coche— sin presentar ninguna orden de aprehensión, ni leerle los delitos que se le acusaban. Hasta mantenerla incomunicada y privada de su libertad por 50 días en el centro de arraigo de la PGR, en la colonia Doctores donde le negaron el ácido fólico para su bebé, arbitrariamente y sin previo aviso fue trasladada al penal federal Noreste en Nayarit, donde los abusos continuaron al punto de que no recibió atención médica oportuna cuando se le rompió la fuente, y aunque nunca dio su consentimiento, médicos ajenos tanto al penal como al OADPRS le quitaron su matriz, después de practicarle la cesárea para que naciera su hija, actualmente de ocho años.
Tras dos años de abusos en el Cefereso de Nayarit, Claudia Ivonne y el resto de las internas fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social CPS 16 en Morelos, donde por casi ocho meses llegó a pesar 49 kilos, tras padecer anemia y avitaminosis —falta de vitaminas esenciales en la sangre—, por la escasez de alimentos, medicamentos.
Pese a ello, la CNDH dio carpetazo “y dijo que yo siempre tuve atención médica, antes, durante y después. Lo cual es mentira porque a partir de que se inició una investigación en 2019 con Conapred, se comprobó lo que vivimos”, señaló Claudia Ivonne.
Si bien el panorama es difícil, ella confía en que no pase de este mes para que se emita la resolución en la que se avale “la pesadilla” que ha vivido desde su detención.
Sobre su proceso y la apelación a la sentencia que interpuso, Claudia tampoco visualiza muchas esperanzas, pues luego de que el magistrado Luis Pérez de la Fuente, titular del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal no acudió a la audiencia de vista del 3 de agosto pasado, el máximo de tres meses que tiene el juzgador para resolver “parecen eternos para que por fin se acabe esta pesadilla”.
Al menos eso confía Claudia Ivonne, quien, a tres meses de ser trasladada a Santa Martha Acatitla, en enero de 2017, comenzó a cursar la carrera en Derecho. Al respecto, dijo, se percató de las irregularidades y violaciones que ha tenido su proceso sin que a la fecha, y aún con la intervención del Presidente, su caso siga sin resolución
La CNDH dio carpetazo y dijo que yo siempre tuve atención médica, antes, durante y después. Lo cual es mentira porque a partir de que se inició una investigación en 2019 con Conapred, se comprobó lo que vivimos.”
Claudia Ivonne Sánchez Mayorga.
