En su proyecto de trabajo presentado para ocupar la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra Norma Lucía Piña Hernández hace una serie de propuestas que revelan que considera que la ciencia y el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad son fundamentales en la impartición de justicia desde una perspectiva de derechos humanos.
Al conocimiento científico en particular le dedica el cuarto de los cinco apartados en que divide su proyecto, el 2.4: Centralidad de los derechos humanos a través de Unidades Especializadas, y dentro de éste están contemplados el medio ambiente y el cambio climático, además de las perspectivas de género y discapacidad y las comunidades indígenas y afromexicanas.
Los jueces, escribe Piña Hernández, “tenemos la obligación constitucional y convencional de ser capaces de discernir la mejor información científica disponible”, por lo que “sugeriré la creación de una Unidad de Conocimiento Científico y Especializado para el fortalecimiento de los derechos humanos”.
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Para la ministra, “temas tan complejos” como el acceso a los niveles más altos posibles de salud, el derecho humano a un medio ambiente sano y las tecnologías de la información, “entre muchos otros”, ilustran la diversidad y complejidad de los temas que vinculan el conocimiento jurídico con el expertise y rigor científico cada vez más especializado.
“Hoy la justicia y la ciencia se entrelazan más que nunca”, escribe la nueva presidenta de la Corte.
Por otra parte, Piña Hernández considera que el CJF tiene como tema pendiente desde 2013 definir si es necesario crear juzgados especializados en materia ambiental o instrumentar un programa para “la especialización judicial en materia ambiental y de cambio climático”.
Mientras se define, la presidenta de la Corte sugiere buscar y reforzar alianzas con instancias científicas y judiciales reconocidas internacionalmente y pone como ejemplos a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y al Instituto Judicial Mundial del Ambiente.
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