Las operaciones de los integrantes y exintegrantes de la cooperativa Cruz Azul comenzaron a ser investigadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República, quien dio trámite a la denuncia que fuera presentada hace tres semanas.
Documentos a los que tuvo acceso ejecentral muestran que la denuncia que un grupo de abogados que defienden a cooperativistas fueron notificados el pasado 17 de agosto de que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO atenderá el caso, porque posiblemente hay elementos en que podrían ser de su competencia.
La querella, presentada el pasado 11 de agosto, involucra al actual Consejo de Administración de Cruz Azul, por su probable responsabilidad en los delitos de administración fraudulenta, delincuencia organizada y lavado de dinero.
De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, notificó a los litigantes que ya está en análisis la denuncia que fuera presentada la semana pasada y de la que informó también en exclusiva este periódico. En esa querella se solicita a la institución investigue los movimientos financieros de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, actuales presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul.
Como lo dio a conocer ejecentral, la denuncia establece que no sólo Guillermo Billy Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa, y otros funcionarios y asesores contra los que ya existe orden de aprehensión en su contra, son presuntos responsables de operaciones fraudulentas, sino que también Juan Manuel Briseño González, quien se desempeñó como tesorero de la Cooperativa de 2003 a 2014, y fungió como director financiero entre 2014 a 2016; de María Alejandra Velázquez Paredez, extesorera general de la empresa desde el 2000 hasta 2019, y exintegrante del Consejo de Administración.
Otros de los personajes mencionados tanto en la denuncia ante la SEIDO como en la UIF y de quien podrían ser revisadas sus finanzas, así como el cumplimiento de sus responsabilidades al interior de la cooperativa, se ubican Jorge Cruz Romero, entre cuyos cargos destaca como segundo vocal del Consejo de Administración; y Héctor Lara Avendaño, actual secretario del Consejo de Vigilancia que preside Víctor Manuel Velázquez.
De acuerdo con la información que aparece en las denuncias, tanto José Antonio Marín como Víctor Manuel Velázquez y al menos otros nueve funcionarios y exfuncionarios, que han tenido y tienen cargos dentro de los Consejos de Administración, de Vigilancia; así como de tesoreros o directivos, presuntamente son responsables de no denunciar el esquema mediante el cual existe evidencia que se desviaron los recursos de los cooperativistas de manera sistemática durante al menos el periodo de 2011 a 2017, como lo plantean los expedientes previos y mediante los cuales se giraron ya órdenes de aprehensión contra exdirectivos del Cruz Azul.
El que sea una unidad especializada de la SEIDO la que continúe las investigaciones contra los actuales integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa, explicaron distintas fuentes consultadas, permitirá, en su caso, que se decrete el aseguramiento de los bienes de Cruz Azul, se designe un administrador y los investigadores deslinden responsabilidades.
Si bien los testimonios de los actuales directivos sirvieron para que se giraran las órdenes de captura, y con su llegada al consejo de administración ofrecieron limpiar de corrupción y presentar a los cooperativistas una auditoría, algo que no ha ocurrido, la denuncia plantea que tienen responsabilidad conforme a la ley y a los estatutos al haber permitido que durante seis años fuera saqueado el grupo Cruz Azul.
Parte de las pruebas que se incluyen en la denuncia ante SEIDO y la UIF son actas de asamblea en las que queda constancia de que, aunque formaron parte de los órganos rectores y de supervisión de la Cooperativa y en consecuencia eran garantes del cuidado de los recursos de la empresa, los hoy imputados, añaden los documentos, terminaron en convertirse en coparticipes del millonario desfalco al patrimonio de la Cooperativa que no denunciaron de manera oportuna.
Estas asamblea corresponden a los años 2012 hasta 2020. En esos documentos se da cuenta de los momentos en que los hoy denunciados fueron elegidos y rindieron protesta como integrantes y presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia, con lo que los abogados pretenden probar que, pese a tener pleno conocimiento de la red de lavado que se diseñó y ejecutó en menoscabo de los socios se mantuvo activa, y no denunciaron como los obliga la ley
Cabe recordar, que en abril de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó la vigencia del congelamiento a las cuentas de Billy Álvarez
